La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2021, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer ZBE antes de 2023, lo que afecta a 151 localidades.

El secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, indicó este jueves en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso que, de los 151 municipios obligados a tener Zonas de Bajas Emisiones, 116 se encuentran “en fase de aprobación”, en tanto que 25 las tiene “definitivamente implantadas y plenamente operativas”.

“En estos momentos solo habría 10 municipios de los obligados que, por diversos motivos, aún no han iniciado los trámites conducentes a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones”, añadió.

“PRESERVACIÓN DE LA SALUD”

Morán apuntó que el objetivo principal es “la preservación de la salud del conjunto de los ciudadanos”, aunque lamentó que “a veces afloran discursos que van en la dirección contraria”, cuando España es “uno de los países que está en la lista negra de las muertes prematuras como consecuencia de la contaminación atmosférica con carácter general”.

“Seguiremos, lógicamente, en colaboración con el Ministerio de Transportes, poniendo en marcha medidas de apoyo al conjunto de los ayuntamientos para que en estas medidas no solamente no se retroceda, sino que, en la medida de lo posible, se avance”, recalcó.

Morán indicó que los ayuntamientos que no pongan en marcha ZBE “tendrán que responder por sus incumplimientos”. “No puede ser que un municipio ignore su responsabilidad en relación con la defensa de la salud de los vecinos y no puede ser que haya ciudadanos que, en función de cuál sea la responsabilidad de su Gobierno municipal, estén en mejores condiciones que otros a la hora de abordar proyectos de futuro que van vinculados especialmente a la salud”, apostilló.

Esas reflexiones de Morán se produjeron después de que la diputada Julia Boada, de Sumar, le preguntara qué medidas está impulsando el Gobierno para lograr el objetivo de contaminación atmosférica cero que propone la UE, teniendo en cuenta que la polución causa 20.000 muertes prematuras en España al año y que la implantación de ZBE no se está aplicando debidamente.