Esta situación contrasta con la aspiración de las personas con discapacidad intelectual, ya que casi uno de cada dos encuestados (45,5%) manifestó que le gustaría independizarse en una vivienda no institucional -piso propio, compartido o tutelado- y que no lo hace por motivos familiares, económicos o personales, destacando escasez de recursos o la falta de apoyo personalizado para realizar actividades de la vida diaria de forma independiente.

En cuanto a los apoyos, los más demandados para alcanzar la vida autónoma son tareas como gestión del dinero, cocinar o saber qué hacer cuando enferman, algo que, según explican los autores del estudio, podría ser fácilmente alcanzable con formación, apoyo de personal social o a través de la tecnología y la Inteligencia Artificial.

Al analizar las barreras económicas el estudio destaca que la tasa de desempleo para personas con discapacidad intelectual se eleva a casi el 80%, mientras que entre los que trabajan la mayoría recibe un salario inferior a 10.000 euros anuales, lo que restringe las posibilidades de alquilar o comprar una vivienda y, en consecuencia, tener una vida independiente.

Además, existe una falta de alternativas habitacionales adecuadas y una escasez de ayudas que dificultan la plena inclusión y la transición a una desinstitucionalización, para ofrecer una vida más autónoma para este colectivo. Según el informe, los modelos de vivienda no institucionales tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

PROPUESTAS

En el informe se detallan la necesidad de medidas urgentes por parte del sector público para impulsar cambios significativos en la transición a modelos comunitarios e inclusivos de vivienda, aumentando el parque con precios sociales y modificando las bases de planes de vivienda públicos para que las personas con discapacidad intelectual, sus familias o entidades sociales puedan acceder a ellos. Ejemplos de planes que se han puesto en marcha son la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, el Proyecto EDI, la Plataforma VIDAS o el Plan Vive.

Por parte del sector privado, las entidades inmobiliarias (promotoras, grandes tenedores o gestoras) pueden tener un papel fundamental si se crean incentivos para que estas empresas reserven parte de su cartera a viviendas para personas con discapacidad intelectual.

En cuanto al papel de la tecnología y la IA como facilitadores y aceleradores, el estudio indica que las empresas tecnológicas serán parte activa del desarrollo de innovadoras soluciones como un portal específico de vivienda o asistentes digitales y domótica a través del 'Big Data', el Internet de las Cosas y la Realidad Virtual, entre otros, facilitando la autonomía de estas personas en sus hogares y reduciendo los costes de apoyos personales.

“Al empezar a trabajar en el informe tras la propuesta de Fundación Álex Rivera, nos dimos cuenta de que es la primera vez que se visibilizan estos datos sobre el acceso a la vivienda de personas con discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos, no se ha hecho nada por puro desconocimiento del problema. Conforme trabajábamos en el documento hemos detectado que muchas empresas están interesadas en colaborar para ofrecer soluciones a este colectivo”, explica la responsable del sector Inmobiliario de PwC España y responsable del informe, Miren Tellería.

Asimismo, el presidente de Fundación Álex Rivera, Carlos Rivera, aseguró que las conclusiones del estudio "refuerzan la necesidad de colaboración entre el sector público y privado con las familias y entidades sociales". "Las promotoras de vivienda, los grandes tenedores y las administraciones públicas pueden tener un rol clave facilitando el acceso a vivienda a las personas con discapacidad intelectual", indicó Rivera, quien aseguró que en otros países como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ya se han implementado con éxito modelos de viviendas no institucionales y apoyos personalizados sin instituciones.