En España, este tipo de criterios los aplican los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, aunque, según el informe de la Comisión, cada vez son más las empresas privadas que tienen en cuenta este tipo de cuestiones a la hora de presentarse a concursos públicos.

Para impulsar este tipo de medidas, la Comisión presentó hace poco el informe "Contratación con criterios medioambientales: Un manual sobre los contratos públicos con criterios ambientales", con el que pretende ayudar a las autoridades públicas a lanzar con éxito campañas en favor del Medio Ambiente.

En este sentido, los datos presentados durante el vigésimo club de la fundación asegurán que las admnistraciones públicas comunitarias podrían, si utilizasen energías limpias, cumplir con el 18% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometido en Kyoto, en total, 60 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Además, un porcentaje parecido del compromiso de Kyoto lo podrían cumplir los organismos públicos si optaran por edificios sostenibles.

Así, la utilización de ordenadores con una mayor eficiencia energética ahorraría hasta 830.000 toneladas de dióxido, o 200 millones de toneladas de agua con sistemas de ahorro en los servicios de los edificios.