Ese sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó en noviembre de 2004 entre 1.500 entrevistados, mostraba que el 57% de los españoles considera que el fraude fiscal "no se puede justificar en ningún caso", mientras que un 34% sostiene que "hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican un cierto fraude para salir adelante".

El 9% restante defiende la tercera y más cínica opción del cuestionario planteado por Hacienda: "el fraude es algo consustancial con los impuestos, todos tienden a hacerlo y de este modo se consigue un cierto equilibrio".

A la pregunta sobre cuál ha sido la evolución del fraude fiscal en la última década, un 10% sostiene que ha aumentado bastante y un 31% que algo, mientras que un 45% piensa que ha disminuido algo y un 14% bastante.

Todos los entrevistados coinciden en que quienes más defraudan son los empresarios. Incluso la mitad de los empresarios entrevistados admitían esa realidad. También hay consenso en señalar que los asalariados sujetos a nómina son los más honrados fiscalmente, aunque sólo sea porque sus posibilidades de defraudar son muy limitadas o nulas.

El sondeo del IEF también indagó sobre el grado de implicación que los contribuyentes están dispuestos a tener en la lucha contra el fraude fiscal. Resultado: más del 60% declaró que no pondría en conocimiento de Hacienda un fraude fiscal del que se hubiera enterado.

Además, una amplia mayoría de empresarios, profesionales y agricultores también respondieron negativamente a una pregunta más específica para saber si estarían dispuestos a firmar un acuerdo con la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal en sus sectores.

En cuanto a las medidas que pueden adoptarse para reducir el fraude en un futuro, una proporción cercana a los dos tercios de los entrevistados (73%) cree que, si se impartiera algún tipo de educación cívico-fiscal en la etapa escolar, los ciudadanos, al llegar a la edad adulta, cumplirían mejor con sus obligaciones tributarias.