Las solicitudes presentadas para acceder a estas 807 plazas de la oferta pública de empleo reservadas para discapacitados fueron 1.707, aunque sólo consiguieron aprobar 130. Esta cifra se refiere sólo a funcionarios, ya que la del personal laboral aún no ha sido cuantificada.

La Ley 23/88 de modificiación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública establecía que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 3 por cento de las vacantes, para ser cubiertas por personal con discapacidad, de modo que, progresivamente, se alcance el 2 por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado".

De acuerdo con esta disposición, todos los años las ofertas de empleo público establecen cupos de plazas en las diferentes convocatorias para acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios, así como a las plazas de personal laboral.

En 1990, la Administración reservó un total de 521 plazas para personas minusváldas en la oferta de empleo público, siendo ocupadas 106: 55 para personal funcionario y 51 para personal laboral.

Uno de los objetivos de la convocatoria de oferta pública de empleo es, según el Ministerio de Administraciones Públicas, facilitar la incorporación de personas con minusvalía a la Administración, estableciendo cupos de plazas destinadas a este colectivo.

Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, siempre que no sean incompatibles con el desempño de las tareas asignadas al puesto de trabajo.

Además, la ley establece la obligación de realizar las adaptaciones necesarias para que los minusválidos puedan desenvolverse correctamente en las pruebas selectivas, cursos de formación o periodo de prácticas.