Cristina Almedia presentó también una encuesta realizada por el área de la mujer de UGT de la Comunidad Valenciana que recoge que únicamente el 3 por ciento de los convenios colectivos firmados este año en esa comunidad valoran la capacidad profesional de las personas con minusvalías, mientras el 58 por ciento ni siquiera hace mención a estos trabajadores. De aquellos convenios que sí lo mencionan, el 72 por ciento se refiere únicamente a ayudas económicas para la discapacidad temoral.

La diputada y miembro de la dirección de Izquierda Unida abogó por una redefinición de la concepción de minusvalía que valore a la persona antes que a su posible discapacidad, y que obligue a las empresas a adaptarse cuando la valía de esa persona quede demostrada.

Por su parte, Manuel Lloredo, jefe del área de Promoción de Empleo del INEM, defendió la publicidad de las organizaciones de discapacitados que crean empleo como medio para lograr una máxima difusión de las capacidades del personl minusválido, tal como realizó este año varias asociaciones de minusválidos a través de los medios de comunicación.

En este sentido, Almedia dijo que los tres pilares básicos de la integración laboral de las personas con discapacidad deben pasar por la evolución de las leyes, la voluntad política de respetarlas, y la conciencia social hacia los discapacitados.

Asimismo, Pedro Castro, presidente de la comisión económica y de empleo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), señaó que sólo se ocupa un 65 por ciento de las plazas destinadas a minusválidos en oposiciones, aunque insistió que en muchas ocasiones este dato no responde a la discrinación, sino a la falta de formación suficiente para el puesto a desempeñar.

Pese a ello, Castro reconoció que una persona con minusvalía debe estar más preparada que una sin ningún tipo de impedimentos, y afirmó que algunos empresarios son aún reacios a contrar personal con discapacidades al desconocer las ayudas de fomento de empleo preistas en este tipo de contrataciones.