Estas previsiones corrigen sustancialmnte a la baja los cálculos del Plan de Convergencia, que preveía un crecimiento del PIB del 3 por ciento y la creación de 76.000 empleos. La inflación tampoco será la esperada, ya que se situará entre el 6,4 y el 6,9 por cien.

El ministro sí mantuvo la previsión de déficit del Estado, que será del 2,6 por ciento del PIB, alrededor de 1,5 billones de pesetas, y expresó su confianza en que, con la colaboración de autonomías y ayuntamientos, será posible situar el deficit conjunto de las AdministracionesPüblicas en el 4 por cien.

Según Solchaga, en 1993 la situación seguirá siendo peor de lo esperado. El PIB volverá a crecer no más de un 2 por cien, en lugar de un 3,3 por cien, lo que presumiblemente también hará inviable el objetivo de empleo para ese año, cifrado en 203.000 puestos de trabajo.

El ministro hizo estas aclaraciones, tras explicar las medidas de "rectificación" aprobadas por el Gobierno, que incluyen no sólo la elevación de las retenciones a cuenta del IRPF sino también las tarifa aplicadas en dicho impuesto durante todo 1992, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

En la práctica, la subida de tarifas afectará al 35 por ciento de los contribuyentes y el tipo máximo se elevará del 53 al 56 por cien. El incremento de la presión fiscal oscilará entre medio punto para rentas superiores a 1,57 millones de pesetas y 2,64 para quienes ganen más de 11 millones.

La elevación de las retenciones para lo que queda de año será de las mismas proporciones, con lo que l Gobierno espera recaudar 40.000 millones de pesetas adicionales en 1992, además de otros 200.000 millones por encima de lo previsto en 1993, gracias a la subida de las tarifas.

Esas mismas tarifas seguirán en vigor para la declaración de la renta de 1994, lo que significa que se pospondrá durante un mínimo de dos años la aplicación de la nueva Ley del IRPF, que el Gobierno promovió y llevó a las Cortes con el proclamado objetivo de reducir la presión fiscal de los españoles.

DEPARTAMENTOS AFECTADO

Por otra parte, Solchaga defendió el ajuste presupuestario aplicado para este año, que supone una recorte de gasto público de 196.000 millones de pesetas y un aumento de ingresos de 130.000 millones (90.000 millones por el IVA y 40.000 millones por el IRPF).

Reconoció que la elevación del tipo medio del IVA del 13 al 15 por ciento, a partir del 1 de agosto, encarecerá los precios de muchos productos (como el gas y la ropa), pero expresó su confianza en que el impacto inflacionista global no supee el 1 por cien.

En cuanto al recorte del gasto, sólo se librarán de él las transferencias a comunidades autónomas y corporaciones locales, el pago de la deuda pública, las clases pasivas, la sanidad y las prestaciones de desempleo.

Afectará, sobre todo, a las subvenciones a organismos autónomos y empresas públicas (de la industria y el transporte, según indicó Solchaga, que no quiso dar más precisiones), ya que serán recortadas en 90.908 millones de pesetas.

También disminuirán, en 28.000 mllones, las inversiones de los ministerios de Defensa y MOPT, que caerán un 3,56 y un 2,11 por ciento, respectivamente, así como las transferencias de capital al MOPT, Agricultura, Industria y Educación, que sufrirán un recorte de 52.000 millones.

El ajuste se completará con una disminución de 4.375 millones en gastos de personal, otra de 20.000 millones en la compra de bienes y servicios, y una bajada del 10 por cien en las partidas de protocolo y publicidad de los ministerios.

La reducción de ls gastos de personal se conseguirá recortando las primas de productividad y no cubriendo parte de las plazas inicialmente incluidas en la Oferta de Empleo Público (OEP) de este año, restricción que no afectará, en ningún caso, a las necesidades de personal sanitario.

GASTOS DE FARMACIA E ILT

Solchaga explicó otra serie de medidas que el Gobierno ha aprobado para contener el gasto público en lo que queda de año y en el futuro.

Entre ellas destaca la aplicación de sanciones por infracción adminisrativa grave a los médicos y farmacéuticos que permitan el uso de tarjetas de jubilados, por parte de terceros, para la compra de medicinas gratis.

Asimismo, se reformará la incapacidad laboral transitoria (ILT) a la que tienen derecho los trabajadores en caso de baja por enfermedad o accidente.

A partir de ahora, los primeros días de baja (entre el cuarto y el décimoquinto, ya que los tres primeros no es preciso justificar la no asistencia al trabajo), la prestación correrá a cargo de las empress, y no de la Seguridad Social.

La razón de este cambio, según explicó Solchaga, es que los pagos por ILT han crecido un 20 por ciento en los últimos años y el periodo medio de baja se elevado hasta 42 días, sin ningún motivo que lo justique.

Por ello, la Administración sospecha que la declaración de ILT está siendo utilizada, en connivencia por empresarios y trabajadores, para realizar ajustes de plantillas temporales mediante falsas declaraciones de enfermedad, especialmente ahora que el "decreazo" ha hecho imposible esa clase de corruptelas a través del INEM.

El Gobierno piensa llegar hasta el fondo en la investigación de este fraude y, con ese fin, dedicará el año que viene 15.000 millones de pesetas a potenciar la inspección médica. Solchaga recalcó que estas medidas no suponen la menor reducción en la cuantía de la ILT.

Otra medida aprobada por el Gobierno es la supresión de las pensiones asistenciales, con el fin de que sus titulares se incorporen a las nuevas prestaciones no contibutivas, cuya cuantía es superior en unas 4.000 pesetas.

Los titulares de pensiones asistenciales podrán mantenerlas, pero no se dará de alta ninguna más. En adelante, sólo quedará la alternativa de la prestación no contributiva, a la que tienen derecho los mayores de 65 años, aunque no hayan cotizado a la Seguridad Social.

PRIVATIZACIONES

Solchaga afirmó que el Gobierno no descarta la privatización de empresas públicas, pero recalcó que, incluso eso, no es ninguna garantía de que pueda mantenrse en años venideros el nivel actual de servicios públicos.

Adujo que, dadas las perspectivas económicas, será necesario, o aumentar la presión fiscal, que consideró ya suficientemente elevada, o "desmontar" algunos "aspectos estructurales" del gasto público.

Entre los gastos que obligan a replantearse el papel del Estado mencionó las pensiones, la gratuidad de la enseñanza, los salarios de los empleados públicos y las transferencias a las comunidades autónomas.