Sin embargo, la moderación salarial no servirá para rebajar la inflción respecto al 5 por ciento de este año porque subirá el tipo medio del IVA del 12 al 13 por ciento, aumentará en 7 pesetas el litro de la gasolina y se encarecerá un 10 por cien el tabaco.

Solchaga explicó que la subida de los impuestos indirectos que gravan al tabaco y a las gasolinas y los gasóleos A y B es inevitable para adaptar la fiscalidad a la armonización tributaria acordada en el seno de la CE.

El fuerte incremento de los impuestos indirectos es lo que explica que los ingresos fiscals vayan a aumentar el año que viene un 11,2 por cien y la presión tributaria global un 0,8 por cien, a pesar de que la introducción del nuevo IRPF supondrá una minoración de 250.000 millones en la recaudación de este tributo.

En el capítulo de ingresos fiscales, el Gobierno prevé un crecimiento del 13,7 por cien en el IRPF y de un 9,4 por cien en el Impuesto de Sociedades. En los impuestos indirectos, el IVA crecerá un 17,6 por cien y los impuestos especiales un 16,4.

SACRIFICIO DE LAS INFRAESTRUCTUAS

Solchaga insistió nuevamente en que el gasto público previsto para 1992 sacrifica las inversiones en infraestructuras, vivienda y defensa, que caerán un 3,5, un 0,8 y un 9,2 por cien, respectivamente, para salvar el contenido "social" de los presupuestos.

Así, la partida destinada a desempleo, protección social y fomento del empleo crecerá un 22,4 por cien; las pensiones (16 por cien), sanidad (12,8), justicia (12,2), seguridad ciudadana (6,6), subvenciones al transporte (6,5), agricultura (3,) y política industrial y energética (0,9).

Este mismo reparto del gasto tiene su reflejo en las asignaciones obtenidas por cada ministerio, con la fortísima caída que registra el de Obras Públicas y Transportes (19,2 por cien). También se reducen los de Asuntos Exteriores (6,3), Industria (4,2), Administraciones Públicas (5,4), Cultura (4,7) y Agricultura (3,6).

Solchaga afirmó que los dos principales objetivos del Presupuesto del Estado para 1992 son reducir el déficit público y mejorar la comptitividad de la economía española, con medidas fiscales que favorecen la investigación, la creación de redes exteriores y la inversión productiva.

A ese último fin contribuirá un presupuesto de gastos fiscales (conjunto de bonificaciones y exenciones fiscales) que ascenderá el año que viene a 1.340.975 millones de pesetas, un 16,3 por cien más que en 1991, de los que casi 370.000 millones corresponderán al Impuesto de Sociedades.

También están pensados con el mismo propósito, según Solchaga, los resupuestos de la Seguridad Social, en los que la aportación del Estado representará el año que viene un 31,6 por ciento del total de sus ingresos, a fin de "no castigar las cuentas de resultados de las empresas aumentando sus cuotas".

El ministro se mostró convencido de que el año que viene será posible reducir "paulatinamente" los tipos de interés, sin que eso cree ningún problema para atraer capitales con los que financiar los déficits de la economía española.

En su opinión, España se encuentr en buenas condiciones para reducir sus desequilibrios en los próximos años y preparar su incorporación a la unión económica europea, especialmente en lo que se refiere al déficit público, sensiblemente inferior a la media comunitaria.

De acuerdo con las previsiones del Gobierno, el año que viene el déficit del Estado será el 1,6 por ciento del PIB y el del conjunto de las Administraciones Públicas ascenderá al 3,1 por ciento del PIB.

La demanda interna crecerá un 3,6 por ciento (tres décimas másque este año), a lo que contribuirá sobre todo el aumento de la inversión en un 4,7 por cien, ya que el consumo privado lo hará en sólo un 3,1 por cien y el público en un 3,5. Las exportaciones crecerán un 7,8 por cien y las importaciones un 8.