La propuesta fue formulada durante el debate de las enmendas a la totalidad presentadas por todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja al proyecto de presupuestos, que fueron rechazadas por 167 votos en contra, 138 a favor y 3 abstenciones.

Solchaga señaló que "cuando más grupos parlamentarios respalden esta propuesta mejor", pero precisó que está dispuesto a sacarla adelante aunque sea sólo con el respaldo del PSOE, que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.

En su opinión, esa sería la mejor manera de estimular la regularización tributara que concluye el 31 de enero de 1991, basada en el canje de pagarés del Tesoro por deuda pública especial al 2 por ciento de interés y en la presentación de declaraciones complementarias sin recargo de demora.

El ministro recalcó que esas condiciones "no van a cambiar de ninguna de las maneras" y advirtió asimismo que no volverá a haber otras regularizaciones fiscales mientras el Gobierno socialista esté en el poder.

La propuesta del ministro fue aceptada por el portavoz de Izquierda Unida, Ramó Espasa, en tanto que los representantes de los demás grupos pidieron tiempo para estudiarla cuando les sea presentada por escrito.

El portavoz del Partido Popular, Rodrigo Rato, aseguró que "nosotros ya habíamos dicho que dar una amnistía fiscal -así calificó a la actual regularización- para los que defraudan es un mal camino en una sociedad moderna".

A su juicio, "lo que hay que hacer ees mejorar las condiciones fiscales de los que pagan, y especialmente de las familias y de los pequeños y medinos empresarios, a los que se discrimina en los Presupuestos del Estado para 1992".

El secretario general del CDS, Antoni Fernández Teixidó, afirmó que "en política no se puede decir nunca jamás", pero subrayó que no se pronunciarán hasta que Solchaga les haga llegar una propuesta por escrito.

Por su parte, el diputado de Minoría Catalana, Francesc Homs, interpetró la oferta del ministro como el reconocimiento del fracaso de la regularización fiscal y la disposición del Gobierno a articular una neva fórmula.

Añadió que, en ese caso, ellos apoyarían la medida, por entender que es "positivo" encontrar un mecanismo para hacer aflorar el dinero negro e incorporarlo a la economía oficial.

En su intervención, Solchaga se mostró convencido de que "la regularización fiscal va a funcionar", a pesar de que, según los últimos datos facilitados por Hacienda, sólo 9.800 millones de pesetas refugiados en pagarés del Tesoro se han pasado a la nueva deuda pública especial.

A su juicio, la regularizción se producirá en mucha mayor escala durante el mes de diciembre, y posiblemente entre la Navidad y la Nochevieja, aunque su éxito no será total porque "es posible que nada, ni siquiera una amnistía fiscal pudiera convencer a determinados ciudadanos sobre la conveniencia de poner en claro sus cuentas. Hay antecedentes de esto en otros países".

Para Solchaga, "cuando ha predominado una cultura de cierta defraudación existe una resistencia a poner las cosas en claro. Contra eso lucharemos a partir de 31 de diciembre de 1991 con toda la fuerza de la ley y espero contar en esto con la ayuda inestimable de los jueces y la sociedad en general".

ASTURIAS

El ministro abordó también otras cuestiones, en el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios del Congreso, y volvió a insistir en que el poder público es el que mejor se ha portado con Asturias.

A su juicio, Asturias tiene "grandes problemas", pero el sector público siempre ha apoyado a la región "invirtiend cientos de miles de millones de pesetas en empresas con pérdidas", lo que no puede decir el sector privado, añadió.

Aseguró también que la Administración ha hecho todo lo posible para atraer hacia esa región a los capitales extranjeros, pero que éstos se resisten a colocar el dinero en esa comunidad. "Por algo será", añadió, sin entrar en más explicaciones.

Solchaga indicó que el Gobierno está dispuesto a dedicar la misma cantidad de dinero que ahora a Asturias, pero consideró necesario retirar na parte de los fondos públicos de Hunosa para dedicarlo a infraestructuras y procesos de reindustrialización.

Por otra parte, el ministro advirtió que, si los salarios crecen en 1992 entre el 8 y el 9 por ciento que reclaman los sindicatos, habrá suspensiones de pagos, más desempleo y menos producción.

En consecuencia, instó a empresarios y sindicatos a negociar subidas retributivas que sean superiores al incremento previsto de la inflación pero que no superen el aumento de la productividad. "Lo empresarios deben tener cuidado con el futuro de sus empresas y las perspectivas de rentabilidad", apostilló.

Asimismo, justificó el fuerte peso que los gastos sociales tienen en el Presupuesto del Estado para 1992, señalando que es consecuencia de derechos reconocidos por ley que es necesario satisfacer.

Agregó que los problemas derivados del reconocimiento de gastos sociales deberían servir como lección contra la demagogia y como invitación a la cautela a la hora de construir el Estado del Bieestar.

Finalmente, en respuesta al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Solchaga censuró duramente la regularización de balances de las empresas radicadas en Euskadi aprobada por las Diputaciones Forales. Explicó que esa medida no ha sido adoptada por ningún país europeo, salvo Italia.