En unas jornadas organizadas por el prestigioso semanario británico, Solchaga reconoció que mantiene diferencias en esas cuestiones con el PSOE, pero se mostró confiado en llegar a una "salida razonable en los próximos meses".

El ministro no dudo en asegurar a los empresarios asistentes al acto que hiciesen votos en favor de que el Gobierno actual encuentre una solución porque, añadió, otros partidos políticos carecen del "valor polític" suficiente para realizarlas.

Por otra parte, Solchaga aseguró que 1992 "no ha sido ni mucho menos un año perdido" para la economía española, ya que el PIB creció en torno al 1,5 por ciento, unas décimas por encima de la media comunitaria, con lo que se mantendrán el proceso de convergencia real con los "doce".

El ministro destacó que la inflación disminuyó una décima, que el déficit público fue un punto inferior a la media comunitaria y que se han puesto en marcha el 75 por ciento de las reforms estructurales previstas en el Plan de Convergencia, entre las que citó la Ley de Arrendamientos Urbanos, el recorte de los gastos en prestaciones de desempleo y médicas y la ley de autonomía del Banco de España.

Destacó asimismo que las medidas de ajuste aplicadas el año pasado (subida del IRPF y del IVA, traspaso de la incapacidad laboral transitoria a las empresas y recorte del gasto público) supondrán una reducción del déficit público de 1,5 puntos del PIB en 1992 y 2,2 en 1993 (unos 2,2 billonesde pesetas en total).

Reconoció que el balance no ha sido bueno en el déficit por cuenta corriente, que superó el 3 por ciento del PIB, y sobre todo en el paro, ya que la destrucción de empleo afectará al 1,5 por cien de la población activa (unos 225.000 puestos de trabajo).

A su juicio, las dificultades que atraviesa la economía española son coyunturales y responden, al igual que en los demás países comunitarios, a los "excesos" de los años ochenta combinados con la inestabilidad monetaria provoada por el "no" danés al Tratado de Maastricht.

Asimismo, volvió a insistir en que España estará entre los países que pasen a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria tanto si ésta se inicia en 1997 como si se hace en 1999, decisión que depende en última instancia de los jefes de gobierno de los "doce".

NO A LA POLITICA INDUSTRIAL

Por otra parte, Solchaga dejó claro que el Gobierno español no se sumará a la tendencia internacional favorable a la aplicación de políticas industriales de poyo selectivo a determinadas empresas y sectores.

Afirmó que una política de ese género beneficiaría a los grupos de presión y perjudicaría a los consumidores, y además no podría ser financiada por la mayoría de los países europeos, entre ellos España, so pena de agrandar el déficit público.

Por contra, reiteró su confianza en conseguir el aumento de la competitividad mediante políticas horizontales (apoyo a la investigación y formación profesional, entre otras) así como a la potenciación de lasinfraestructuras.

Solchaga dijo que la CE en su conjunto ha seguido políticas presupuestarias equivocadas, con un exceso de gasto, hasta el punto de alcanzar el año pasado un déficit público del 5,4 por ciento del PIB y una deuda del 64,2 por cien.

De otro lado, el ministro ratificó el apoyo de España al acuerdo agrícola alcanzado en el GATT entre la Comisión Europea y Estados Unidos, a pesar de la oposición de Francia, que atribuyó a razones electorales, dada la proximidad de los comicios en el aís vecino.

Además, subrayó la necesidad de que se lleguen a acuerdos en el GATT no sólo en temas agrícolas sino también en cuestioens como la propiedad intelectural y los servicios.