El plan, que fue explicado en rueda de prensa por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, tiene como grandes objetivos macroeconómicos para 1996 situar la inflación en el 3 por ciento, el défict de las Administraciones Públicas en el 1 por cien del PIB, y el déficit por cuenta corriente en el 2,5 por cien.

Para conseguirlo, prevé que la inversión crecerá entre un 3,5 y un 5 por ciento al año, hasta representar 27,7 puntos del PIB en 1996, y que los salarios reales aumentarán su poder adquisitivo, "pero no en exceso", según indicó Solchaga.

Asimismo, la reducción del déficit público se logrará rebajando el de la Administración Central del Estado y la Seguridad Social del 3,2 por ciento el PIB en 1991 al 0,75 en 1996, y el de las comunidades autónomas, del 1,1 al 0,2.

El plan establece también la congelación de las subvenciones a las empresas públicas. Solchaga negó que haya un programa específico de privatizaciones, pero dejó claro que las opciones que se abrirán ante las compañías que incurran en pérdidas superiores a las subvenciones autorizadas por el Gobierno serán reducir su actividad, pedir dinero prestado o vender.

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

El capítulo del plan dedicdo a la reforma del mercado laboral eleva de seis meses a un año el periodo mínimo para acceder al seguro de paro, establece la posibilidad de suprimir la prestación al desempleado que rechace ofertas de trabajo y recorta la cuantía de las prestaciones.

A este último respecto, Solchaga se limitó a señalar que habrá modificaciones tanto en las escalas (la relación entre el tiempo de cotización y los meses de seguro de maro a que se tienen derecho) como en los coeficientes (el porcentaje que representa l seguro en relación al salario del último empleo).

La reforma del mercado laboral también acarreará la eliminación de restricciones a la movilidad funcional y geográfica de la mano de obra y la supresión de parte de los estímulos a la contratación mediante bonificaciones a la Seguridad Social.

Solchaga adujo que estas bonificaciones no han dado los resultados esperados en la creación de empleo y que las partidas presupuestarias asignadas a ese fin serán destinadas a un Fondo Social que financiar planes de formación profesional en las empresas.

El ministro aseguró que el Plan de Convergencia no exige sacrificios a los trabajadores, pero recalcó que afectará a quienes están instalados en la "chapuza" de compatibilizar el trabajo ilegal con las prestaciones de desempleo y a los que cobran becas de formación como supuestos parados sin realmente serlo.

Negó que la convergencia nominal exigida para acceder a la última fase de la Unión Económica y Monetaria, el 1 de enero de 1997, vaya en conta de la convergencia real en renta "per capita" y nivel de vida de los españoles.

A su juicio, la primera facilita la segunda. Adujo como prueba que el PIB "per capita" de España, que en 1986 suponía el 72,8 por ciento de la media comunitaria, alcanzó el 79 por cien en 1991, y en ese mismo periodo se redujo el diferencial de inflación y de tipos de interés.

El ministro detalló otros proyectos incluidos en el Plan de Convergencia, como el de obligar a los bancos y aseguradoras a practicar una mayo transparencia en las relaciones con sus clientes. Añadió que los contratos de estas entidades son "difíciles de entender".

El Plan de Convergencia será remitido la próxima semana a las Cortes, para su posterior debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado, antes de ser enviado a las autoridades comunitarias. Todas sus propuestas serán aplicadas antes de fin de año.

Solchaga explicó que está abierto a introducir modificaciones a propuesta de los partidos políticos, la patronal y los sindicatos, peo insistió en que la decisión del Gobierno de sacarlo adelante es irrevocable.

En su opinión, este plan está poco condicionado por la respuesta que le den los agentes sociales, ya que deja en manos de la patronal y los sindicatos la negociación de los aumentos salariales.