Al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que no estaba previsto tratar este asunto, pero, sin embargo, fue el centro de atención del mismo, Solbes explicó que la cifra de 400 millones adicionales para Cataluña dirigidos a infraestructuras es "indicativa", ya que aún "no sabemos cuál es la inversión total, y mucho menos la inversión territorializada".

Con esta inversión adicional, Cataluña contará el próximo año con más de 3.500 millones de euros para la realización de infraestructuras, pero CiU y ERC califican dicha cuantía de insuficiente y afirman que han de ponerse sobre la mesa entre 500 y 700 millones de euros adicionales.

Solbes explicó que el Gobierno ha tratado de definir la inversión en infraestructuras en función de aquellos capítulos de los Presupuestos que se clasifican como tal.

El concepto de infraestructuras, agregó el vicepresidente, "puede ser interpretado de modo más voluntarista e introducir elementos no considerados como infraestructuras", de modo que se trata de un debate "más teórico que real". El Gobierno ha aplicado la metodología "que creemos que es la válida", pero está dispuesto a discutir otras interpretaciones.

En la misma línea definió la petición de los nacionalistas catalanas de que las inversiones no realizadas se destinen a rescatar peajes. Para Solbes, eso tampoco son infraestructuras.

QUEJAS DE LAS CCAA

La decisión del Gobierno de destinar 400 millones de euros adicionales para Cataluña generó un intenso debate en el Consejo de Política Fiscal, con regiones socialistas criticando la medida adoptada por su propio Ejecutivo.

Fue el caso de Andalucía, cuyo consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, reprochó que se utilice el criterio de peso en el PIB nacional para fijar las inversiones, aunque sí admitió que Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana deberían ser compensadas por un déficit histórico de inversiones, aunque nunca ligado a peso en el PIB, ya que no sería constitucional.

Más duros y contundentes se mostraron los consejeros del PP, que aseguraron que el Gobierno "no ha contentado ni a los suyos", según indicó el consejero valenciano, Gerardo Camps.

El responsable de Hacienda de la Generalitat Valenciana acusó al Gobierno del PSOE de generar un "efecto llamada" para que cada comunidad autónoma reforme su estatuto para establecer el sistema de financiación que más le convenga.

Por su parte, la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, afirmó que no permitirá que los madrileños "sean ciudadanos de tercera" y acusó al Gobierno socialista de "quebrar el principio de cohesión y vertebración" entre regiones.