"La Administración debe ser enormemente activa en términos de presión social y en términos económicos. En términos económicos, dando más ventajas adicionales que permitan la incorporación al trabajo del discapacitado, y en términos de presión social insistiendo en la necesidad de dar una salida digna a las personas con discapacidad al tipo de actividad que ellos puedan desarrollar", afirmó.

Además, añadió Solbes, "tanto el Ministerio de Asuntos Sociales coo el de Trabajo y Seguridad Social siguen preocupándose por la inserción del discapacitado en el mundo del trabajo, y éste es un caso claro en el que la intervención del Estado es necesaria". En su opinión, "el camino recorrido hasta ahora ha sido importante, aunque modesto e insuficiente, y debe continuar".

Respecto a la aprobación del Plan para la Reactivación del Empleo de las Personas con Discapacidad realizado por el Consejo Español de Representates de Minusválidos (CERMI), el ministro aseguró qu "el debate sobre el empleo de las personas con discapacidad es un debate importante que debe proseguir, es un debate permanente".

"Es verdad que siempre que hablamos de apoyos estamos hablando de recursos escasos y de prioridades, pero es cierto que prácticamente cada uno querría más para lo suyo, pero tenemos que ir a una distribución de esos recursos para todo tipo de actividades", añadió.

Actualmente, el 87 por ciento de los discapacitados con una discapacidad superior al 10 por ciento se encentran en paro. Por ello, los responsables del Consejo Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) han solicitado al Consejo Económico y Social una mayor acción contra el paro entre el colectivo de discapacitados.

Entre las peticiones del CERMI, destaca la conveniencia de redefinir en la legislación el principio constitucional de igualdad y no discriminación para conseguir una plena integración laboral de los discpacitados.

El Plan para la Reactivación del Empleo de las Personas con Discapaidad propone aumentar la cuota de reserva de empleo para minusválidos, en empresas de más de 50 trabajadores, del 2 al 4 por ciento de las plantillas.

Asimismo, para las empresas que no respeten esta cuota, el CERMI propone crear un canon económico sustitutorio de esa obligación, que sea recaudado por la Seguridad Social y vaya a un fondo destinado a la integración.