Según han confirmado a Servimedia fuentes solventes, la reunión sirvió para darle el último "empujón" al contrato-programa que regulará las relaciones entre el monopolio ferroviario y el Estado los próximos cuatro años, y qe incluye una decisión histórica para Renfe: "la deuda no debe crecer más".

Para cumplir este objetivo, y a falta de rellenar las casillas de los millones, Economía, Transportes y Renfe han pactado que las aportaciones que reciba la empresa en los próximos cuatro años incluyan un apartado para saneamiento financiero, es decir, para cubrir los intereses de la deuda histórica del Estado con la empresa y reducir progresivamente el principal.

Los cálculos que hacen los colaboradores de Mercè Sala aputan a que esa deuda histórica supera el medio billón de pesetas, ya que oscila entre el 40 y el 50 por cien del endeudamiento total de la compañía, cifrado en torno a 1,2 billones de pesetas.

Su origen está en los continuos incumplimientos económicos de la Administración con la empresa, al dejar que Renfe financiase con endeudamiento obras de infraestructura que debía haber costeado el Gobierno. Tampoco ha aportado cada año en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades suficientes para cubri el déficit de los servicios que estaba obligada a prestar por tratarse de un monopolio estatal.

AHORRO ESTATAL

Pero el esfuerzo económico que Solbes está dispuesto a asumir con Renfe tiene sus contrapartidas. La empresa ha pactado con el departamento de José Borrell un plan estratégico por el que sus negocios de largo recorrido y mercancías serán rentables en 1998, al tiempo que se aplica un plan de reducción de plantilla que elevará la productividad de la compañía.

Estos factores permitirán a Gobierno reducir progresivamente sus aportaciones para cubrir el déficit de explotación de Renfe, hasta el punto de que el Estado se va ahorrar mucho dinero en subvenciones.

La previsión inicial para este ahorro era de 165.000 millones de pesetas en los cuatro años que dura el contrato-programa, al hacer pasar las aportaciones estatales de los 280.000 millones de este año a 188.000 al final del período, pero el esfuerzo presupuestario adicional apunta a que esa disminución de las subvenciones será alo menor.

Dicho recorte no supone una sorpresa para Renfe, puesto que se trata de un escenario que está previsto en su plan estratégico para ese mismo período (1995-1998). Pero sí puede suponer un doble compromiso para la empresa y para el Gobierno.

La compañía deberá mejorar sus cuentas, entre otras medidas, con una reducción de plantilla que no afectará a 10.000 empleados, tal y como Renfe consideraba óptimo, si no a menos, y puede que el contrato-programa introduzca un apartado para financiar etos excedentes laborales.

La posibilidad de que el Estado acabe cofinanciando o no esos excedentes laborales es uno de los aspectos que debén aclararse en las próximas semanas, ya que del acuerdo global depende la partida de aportaciones a Renfe, que reflejarán los Presupuestos del Estado de 1995, cuyo proyecto de ley debe estar en el Congreso de los Diputados antes del 30 de septiembre.

TERRENO RECORRIDO

De momento, en Renfe ya han empezado a adelantarse algunas medidas y sus responsables finacieros tienen en marcha un plan de reestructuración de su deuda para abaratar los costes, hasta el punto de que creen posible acabar 1994 con una factura por intereses de 85.000 millones de pesetas, cuando las previsiones iniciales eran de 124.000.

Este avance se debe a la bajada de los tipos de interés en los últimos meses y la política de refinanciación de la compañía, que sólo en el primer trimestre hizo pasar el crecimiento de los costes financieros del 39,5 por cien registrado en 1993 al 1,1 por ien de 1994.