La disposición adicional tercera del Estatuto establece que dichas inversiones han de ser del 18,8% del total, al ligarse al peso de Cataluña en el PIB nacional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Solbes eludió decir la cifra concreta de lo que será la inversión en Cataluña no territorializable, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial. "Podría (darla), pero no lo voy a hacer" hasta el martes, cuando las cuentas públicas lleguen al Congreso.

No obstante, Solbes afirmó que "el que la cifra sea una u otra en mi opinión no es un tema relevante, la cifra no es una cifra negociada a posteriori. Es la cifra resultante de la aplicación de una disposición que está claramente establecida", en referencia a la adicional tercera del Estatuto catalán.

"Yo comprendo que se puede plantear que esa cifra nos guste más o menos, pero yo creo que nuestra obligación como gobierno es respetar, y eso lo vamos a hacer absolutamente, lo que está pactado en la disposición III del Estatuto de Cataluña", sentenció el vicepresidente.

La primera aproximación que hizo el Gobierno a dicha cifra fue de un aumento del gasto en infraestructuras en Cataluña de unos 400 millones de euros en comparación a 2006, hasta los 3.500 millones.

Sin embargo, el PSC afirma que se ha de elevar la inversión en 630 millones; CiU aumenta la cuantía a unos 800, y ERC dice que debe sobrepasar los 900 millones.

MAYOR APOYO POSIBLE

Sobre los apoyos parlamentarios con los que pueda contar el Gobierno para sacar adelante sus cuentas en el Parlamento, Solbes afirmó que se está "trabajando con todos los grupos", ya que "queremos tener el mayor apoyo posible", para lo que seguirán haciendo "todos los esfuerzos necesarios".

Las cuentas del Estado están hechas sobre una hipótesis de precio del barril de petróleo de 71 dólares. "Creo que no nos quedaremos cortos este año", pronosticó el vicepresidente, tras las previsiones demasiado bajas de los dos últimos ejercicios como consecuencia de la subida espectacular del precio del crudo.

Los Presupuestos Generales del Estado no plantean ningún impuesto ligado al medio ambiente, pero el Gobierno sí está pensando su implantación, admitió el vicepresidente, aunque los presupuestos no son la norma apropiada para hacerlo. "Sí estamos trabajando en impuestos medioambientales, pero no van en el Presupuesto", indicó.