Solbes también discutirá con los consejeros los efectos que tendrá en cada comunidad autónoma la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y los acuerdos de liberalización de la Ronda Uruguay del GATT.

La reconversión del sector lácteo podría ser más dura de lo previsto inicialmente si el Gobierno no consigue un aumento de la cuota lechera asignada a España, puesto que la producción actual rebasaen 1,5 millones de toneladas anuales a los 4,5 millones asignados.

La aplicación de la cuota vigente, fijada antes de la adhesión a la CE pero no aplicada en la práctica desde entonces, podría suponer la eliminación de 58.000 explotaciones con un total de 454.000 vacas lecheras, la cuarta parte de una cabaña compuesta por 1.800.000 reses.

La propuesta española consiste en incentivar el abandono de la producción mediante el pago de 9,25 pesetas por litro dejado de ordeñar y aprobar un aumento de l cuota por el excedente que quede sin eliminar.

Sin embargo, esta proposición española choca con la oposición de algunos de los mayores productores de leche comunitarios, interesados en mantener el "statu quo" vigente.

En España viven del sector lácteo más de 200.000 familias, localizadas predominantemente en Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, y que cuentan con explotaciones menos competitivas que las comunitarias, principalmente por su reducido tamaño.

NO SOBRA LECHE

Por otraparte, el secretario general del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, Antonio Castellanos, manifestó hoy que en España no sobra leche y que "detrás de toda la operación de acoso a la producción láctea nacional está el interés de algunas empresas francesas por acaparar el consumo interior nacional".

A su juicio, es evidente "el creciente interés de las multinacionales por arrasar la industria española y acaparar uno de los pocos mercados que, como el español, incrementa anualmente su consumo".

El CNJA reitera su apoyo al Ministerio de Agricultura en su petición de una mayor cuota lechera para España, y advierte que se opondrá a "cualquier intento de acabar con nuestra cabaña ganadera, de la que vivimos 223.000 ganaderos y de la que depende la vida económica de muchas de nuestras comunidades rurales".

A su juicio, "resultaría un error sin precedentes que a la crisis industrial de la cornisa cantábrica, se le uniese ahora la eliminación de su segunda riqueza: las vacas".