En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, aseguró que el Gobierno sigue trabajando en un modelo que cumpla la Constitución y los estatutos de autonomía, y que mejore la financiación de las comunidades para que los ciudadanos puedan recibir mejores servicios.

Para ello, advirtió, "las comunidades autónomas deben tambien asumir sus responsabilidades y no limitarse a pedir más recursos al Estado".

Añadió, en este sentido, que la inversión de las comunidades en servicios públicos esenciales ha crecido "en el mismo porcentaje" que el resto de los gastos, por lo que no puede afirmarse con carácter general que sus problemas financieros procedan del incremento del coste de esos servicios básicos.

Solbes no hizo mención alguna al supuesto acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el consejero catalán Joan Saura para cerrar el modelo antes de tres meses, y que sirvió para evitar la comparecencia ante el Congreso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "RESPONSABILIDAD DE TODOS"

El consenso "es responsabilidad de todos" y la negociación será "difícil y compleja", aseguró Solbes, que defendió el procedimiento empleado por el Gobierno en conversaciones bilaterales y multilaterales dentro de la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional.

Si hay una diferencia respecto de negociaciones anteriores, dijo Solbes, es que esta vez el Gobierno ha hablado con todas las comunidades de forma "transparente" y a pesar de las discrepancias se ha avanzado "en posibles cauces para un acuerdo".

Desde el Gobierno "seguiremos esforzándonos para que sea posible cuanto antes" con el reto de que pueda entrar en vigor en 2009.

Insisitió en que la propuesta del Gobierno es "un buen punto de partida" sobre la base de que ninguna comunidad saldrá perjudicada del nuevo modelo, que será solidario y que permitirá a todos los territorios disponer de recursos adicionales "de acuerdo a las previsiones presupuestarias del Estado".

En su comparecencia, Solbes expuso los 12 puntos contenidos en el documento que propuso a las comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 22 de julio.

Aseguró que el Gobierno es consciente de "las tensiones" que algunas comunidades autónomas padecen para poder prestar a los ciudadanos los servicios públicos esenciales, y el deseo del Gobierno es "ayudar en lo posible", pero sin olvidar que es el Estado el que probablmente tenga mayores necesidades en ese sentido.

Su propuesta, defendió, cumple las previsiones de los estatutos de autonomía y el procedimiento de negociación respeta también los criterios establecidos en la Constitución.