Tras expresar esta "convicción personal", Yáñez aseguró a Servimedia que el caso no termina con el procesamiento del juez instructor, Javier Gómez de Liaño, sino que habrá que exigir responsailidades a este secretario de Estado.

La decisión del Tribunal Supremo "demuestra que teníamos razón quienes en el Parlamento decíamos que la actuación contra Sogecable era un atentado a la libertad de expresión y de prensa y que el Gobierno estaba persiguiendo a las empresas que no le eran afines o dóciles", agregó.

Ahora, prosiguió Yáñez, queda patente que el caso no era un procedimiento puramente judicial sino "la instrumentalización política de una decisión del Gobierno para acabar con el Gruo Prisa, con Polanco, y con Sogecable".

Desde su punto de vista, existen indicios "más que racionales" de la existencia de delitos de prevaricación en la instrucción de Gómez de Liaño, "y no es descartable" que sea también procesado el fiscal Ignacio Gordillo.

Junto a la actuación del fiscal general del Estado, el diputado socialista recordó que queda también pendiente el tema de las indemnizaciones a las empresas afectadas por una actuación "disparatada desde el primer momento".

"Incluso", postilló, "diputados del PP dijeron que no existía la menor base jurídica para interponer aquélla querella, instrumentada por hombres de paja como Campmany".