Tras tomarle declaración el pasado 7 de mayo de 1997, el juez Gómez de Liaño, a instancias de la Fiscalía y de alguna de las acusaciones, decidió imponer al imputado medidas cautelares consistentes en la prohibición de abandonar el territorio nacional sin pedir permiso al juzgado, así como estar contínuamente lcalizable en un número telefónico facilitado a la secretaría del juzgado.

La Sala de lo Penal considera que, tras el archivo de los delitos de apropiación indebida y estafa relacionados con este sumario, que se produjo el pasado 31 de octubre de 1997, se consideran "innecesarias" todas aquellas medidas que no sean las que se derivan de la simple condición de imputado.

Además, cita el reciente acuerdo de la Sala de retirar las medidas cautelares para otro de los imputados, el presidente del Grupo risa, Jesús de Polanco, a quien el juez prohibió salir del país, le obligó a personarse periódicamente ante el juzgado y le impuso una fianza de 200 millones de pesetas.

No obstante, la Sala de lo Penal decide mantener la condición de imputado para el consejero de Sogecable, por lo que rechaza su solicitud de "libertad plena sin restricciones ni limitaciones".