En caso de que el Consejo aprecie indicios de prevaricación en la actuación de Liaño en su instrucción en el "caso Sogecable", inmediatamente, y de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, el asunto pasaría al fiscal general del Estado, que se encargaría de la investigación de los supuestos hechos delictivos.

Por el contrario, si el pleno del CGPJ no aprecia indicios de delito, el asunto sería archivado, aunque cabeuna tercera posibilidad: que el expediente al juez Gómez de Liaño se envíe al servicio de investigación del propio CGPJ para que profundice en las causas de la supuesta prevaricación.

INHABILITACION DE 12 A 24 MESES

La Sala de lo Penal de la Audiencia nacional ordenó el pasado 13 de mayo al juez Gómez de Liaño, instructor del "caso Sogecable", que levantara el secreto sobre las actuaciones en ese sumario, al considerar que era ésta una medida "irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada"

En una decisión sin precedentes conocidos, Gómez de Liaño decidió dirigirse al fiscal del "caso Sogecable", entonces Ignacio Gordillo, para preguntarle si los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional habían incurrido en delito o falta en su resolución.

Esa misma manaña, Liaño levantó el secreto de sumario, pero no permitió tener acceso al mismo a los abogados defensores, ya que iban a cerrar el juzgado. Al día siguiente, cuando éstos fueron al juzgado para poder informarse sobe el sumario se encontraron que Liaño había vuelto a decretar el secreto.

El CGPJ encargó la tramitación del expediente contra Liaño al magistrado José Jiménez Villarejo, que preside la Sala Quinta del Tribunal Supremo. El magistrado dice en su informe sobre la cuestión que Liaño podría haber incurrido en un delito de prevaricación judicial al haber decretado nuevamente el secreto sumarial, después de una declaración en contra de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que le podría suponer ua inhabilitación para el desempeño de cargo público de entre 12 y 24 meses.