Por ello, piden al magistrado que envíe su escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "con el ruego de su tramitación como denuncia y como solicitud expresa de amparo y de protección" hacia Gómez de Liaño, "para que pueda realizar con normalidad su difícil e importante cometido que se ve evidentemente dificultado".

Este escrito de las acusaciones es la respusta a la providencia dictada el pasado miércoles por Gómez de Liaño en la que acordaba consultar al fiscal y partes acusadoras si debía proceder contra los magistrados de la sala como consecuencia del auto dictado el día anterior por el que el tribunal revocó el secreto de las diligencias al considerar dicha medida "irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada".

En su informe, al que ha tenido acceso Servimedia, las acusaciones señalan que la decisión de la Sala de lo Penal de alzar el secrto "no tiene fundamentación suficiente" y agregan que la adoptó desconociendo, a pesar de ser "público y notorio", que el juez ya había levantado casi la totalidad del secreto sumarial.

"El criterio del juez instructor es de mayor validez por ser el único que teniendo previo y total reconocimiento de las investigaciones que está analizando puede valorar su alcance", indican los abogados, que añaden que "lo demás son suposiciones carentes de base científica alguna".

Indican que, además, "la sala ua terminología, a nuestro modesto entender, inusual, al calificar una actuación que parece totalmente correcta como injustificada, irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada. Términos todos ellos inusuales en el lenguaje siempre correcto de esta sección y por ello más soprendente todavía el hecho en sí".

DESCONSIDERACION

Por ello, afirman que "estas frases en el contexto que se producen constituyen, a nuestro juicio, una inmerecida desatención y desconsideración con el juez instructor ycreemos, con todo respeto, que la sala ha incurrido en la falta prevista en el artículo 419.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", que señala que son faltas leves "la desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico".

Los abogados Murillo y Stampa Braun denuncian además en su escrito que "desde hace tiempo el juez instructor D. Javier Gómez de Liaño viene siendo víctima de una campaña de desprestigio e incluso de insultos tales como 'descerebrado' por políticos determiados de los que se hacen inmediatamente eco importantes medios de este país".

"Sólamente la gran talla intelectual y moral de este juez ha sido capaz de afrontar esta enorme campaña de descrédito e incluso con intromisiones en su vida privada", afirman las acusaciones, que destacan que "en este sumario contra los responsables de Canal Plus S.A., pertenenciente a la cadena de medios de difusión más importante del país, el mismo instructor está recibiendo las más insostenibles presiones de los poderososclanes investigados".

Por ello, consideran que "parecería lógico que en este difícil trabajo profesional y contra tantas dificultades y obstáculos que los poderosos personajes investigados están poniendo en su camino, tuviere el sr. Gómez de Liaño incondicionalmente el apoyo de todos los jueces españoles en su difícil cometido donde se está jugando la credibilidad de que la justicia es igual para el sr. Polanco que para el más humilde y pobre de los ciudadanos".

"Por eso las frases de la sala tieen una especial gravedad en estos momentos y pueden perturbar la normal investigación sumarial y la potestad jurisdiccional que protege el artículo 417.4 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial", concluye.

Fuentes judiciales indicaron hoy que el fiscal del caso, Ignacio Gordillo, todavía no ha remitido su informe sobre esta cuestión al instructor, dado que está pendiente de que la Fiscalía General del Estado dé el visto bueno a la propuesta que le ha elevado en ese sentido.

La decisión de Góez de Liaño de consultar a las partes si debía proceder contra la Sala de lo Penal provocó que su presidente, Siro García, remitiese el pasado viernes un escrito al CGPJ "a los efectos que estime pertinentes" en el que decía que la "extraña actitud" del magistrado podía "erosionar las funciones constitucional y orgánicamente atribuídas a la sala".

A su vez, el juez Gómez de Liaño también elevó otro escrito al máximo órgano de Gobierno de los jueces en el que se queja de los términos empleados por la sla que, a su juicio, resultan vejatorios y producen su descrédito como instructor.

Por su parte, los abogados de Sogecable también pusieron las últimas resoluciones de Gómez de Liaño en conocimiento del CGPJ "a los efectos oportunos".

Todos estos escritos serán estudiados mañana por la Comisión Permanente del Poder Judicial que podría acordar elevarlos al pleno del CGPJ si estima que en ellos se solicita amparo, remitirlos a la Comsión Disciplinaria o solicitar un informe a los Servicios de Inspeción antes de pronunciarse, según fuentes de ese organismo.