Así lo explicó hoy la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor durante su comparecencia en comisión en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que "desde que la SPA comenzó a operar hace tres años" se han "introducido cambios relevantes" en el mercado del alquiler.

Según datos de la página web de la Sociedad, desde su puesta en marcha en octubre de 2005 hasta el cierre de octubre, se han cerrado 8.647 contratos de arrendamiento.

La SPA registró la entrada de 22.126 pisos en los diez primeros meses del año, pero sólo consiguió cerrar 3.437 contratos de arrendamiento, lo que supone un 15,5% del total.

Por otra parte, la ministra explicó que "el modelo de la SPA, que integra al sector privado en su actividad, ha generado trabajo para un importante número de empresarios del sector de la intermediación".

La Sociedad "cuenta con una extensa red de colaboradores privados" que gestionan la mayor parte "del parque de viviendas con la coordinación y control de la SPA, percibiendo remuneración por su trabajo", señaló Corredor.

La titular de Vivienda defendió que "también ha generado actividad en el sector de los seguros", al conseguir que "la patronal y las empresas más importantes de este sector generalicen productos de seguro que aportan garantías a la relación arrendaticia".

Además, aseguró que la SPA "ha demandado el servicio de empresas que se dedican al mantenimiento de viviendas y rehabilitación, generando igualmente una considerable cantidad de empleos".

Desde las filas del PP, su portavoz de Vivienda, Pablo Matos, preguntó a Corredor "por qué hay menos porcentaje de vivienda en alquiler que hace cuatro años, cuando además existe esa maravilla que es la SPA".

El portavoz popular tildó de "ridículos" los datos de gestión de la Sociedad Pública y pidió a la ministra que no espere a 2010 para evaluar los resultados de la empresa pública, como está previsto. Así, reclamó que "la evalúe ya", para no "seguir tirando el dinero".

"Díganos que va a cambiar el Gobierno" en materia de alquiler, apuntó Matos, quien destacó la necesidad de agilizar la tramitación de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque es "más fácil" separarse de un cónyuge que deshacerse de un inquilino que no paga.