El XBRL es un estándar abierto basado en el estándar Internet XML que ha sido definido para facilitar la transmisión y análisis de información financiera y de negocio, haciendo que sea utilizable por cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier idioma, según explica Lavilla.

En la moción, que se debatirá en el Pleno del próximo martes, día 20, Lavilla establece que su petición tenga cabida en el marco de la presente legislatura, en colaboración con las comunidades autónomas que lo deseen, la Federación Española de Municipios y Provincias y el sector privado.

Según indica el senador socialista, ésta es una iniciativa compartida y participada vía Internet en cuya preparación han participado interactivamente expertos y diversos sectores públicos y privados.

En la exposición de motivos de la moción, Félix Lavilla recuerda que la XIII Conferencia Internacional de XBRL se celebró en Madrid, del 16 al 19 de mayo, con la asistencia de 500 representantes institucionales y financieros de los principales países del mundo. En la Conferencia intervinieron, entre otros, destacados supervisores bancarios y bursátiles de EEUU, Japón, China, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y España.

Además, permite la automatización avanzada de la cadena de suministro de información, lo que facilita el acceso al contenido de los diversos informes de gestión, ayuda a un uso dinámico de la información y supone un avance hacia una mayor transparencia de los mercados.

Los sectores públicos y privados, en España y en diversos países, están impulsando el formato XBRL. En este sentido, bancos, cajas y compañías cotizadas en Bolsa ya envían ciertos informes financieros en este formato, liderados por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, a su vez, han creado la Asociación XBRL España para impulsar este estándar de uso gratuito.

Finalmente, Félix Lavilla subraya que el formato XBRL es una oportunidad para el conjunto de administraciones y su lógica colaboración y compatibilidad en sistemas de cuentas, especialmente para los más de 8.000 ayuntamientos de España y su interrelación con la Administración central y autonómica.