En opinión de Núñez, desde el año 1984 "los gobiernos socialistas dieron un giro radical a su política de personal al contratar de forma generalmente irregular gran cantidad de personal laboral para desmpeñar todo tipo de puestos de trabajo dentro de la Administración Pública".

Agregó que "este hecho se produjo debido a la autorización que el artículo 15 de la Ley 30/84 confería al Ministerio de la Presidencia, hoy Ministerio para las Administraciones Públicas, para determinar cuáles debían ser los puestos que quedaran reservados a funcionarios públicos y cuáles podían ser adjudicados a los contratados laborales".

El portavoz de Administraciones Públicas del PP entiende que este precepto fue delarado inconstitucional en la sentencia 99/1987, de 11 de junio. La sentencia estableció dos directrices para preservar el modelo estatutario de la función pública, que señalan que la función pública debe ser servida, como regla general, por funcionarios y excepcionalmente por quienes no tengan esta condición, y en tal caso deben ser establecidos por una ley estatal.

A juicio de Manuel Núñez, estas directrices han sido vulneradas constantemente y la prueba de ello es el número de contratados laboralesque existen en la actualidad, 124.216, distribuidos por ministerios.

De todos ellos, según reconoció el propio Gobierno en respuesta escrita a preguntas formuladas por el diputado Manuel Núñez, están realizando trabajos que corresponden a funcionarios 20.435 personas.

Por último, señaló que el sistema de funcionarización español es "esperpéntico y discriminatorio. El Gobierno pretende subsanar los defectos de una contratación laboral irregular en su origen y funcionarizzr, por un procedimiento seectivo que recuerda los exámenes patrióticos, a unas cuantas personas que ingresaron a dedo en la Administración sin otros méritos, salvo muy contadas excepciones, que la afinidad política. Los socialistas pretenden dejar los ministerios sembrados de enchufados inútiles y con sueldos considerables".