El ejecuivo balear, del Partido Popular, aprobó el pasado mes de junio un reglamento que regula el grado de conocimiento del catalán que va a exigirse a los futuros funcionarios autonómicos. Sólo los altos cargos, titulados medios y superiores de la administración deberán acreditar a través de un examen el conocimiento oral y escrito elemental del catalán.

Las categorías funcionariales más bajas, en las que se incluyen los conserjes y los ordenanzas, deben tener un conocimiento oral de la lengua cooficial, juto al castellano, en la comunidad autónoma balear.

Crespí calificó el reglamento como "tímido y poco serio". El diputado socialista afirmó que "el ex presidente Cristòfol Soler tenía voluntad de hacer una normativa más estricta pero su grupo parlamentario le obligó a rebajarla".

Según fuentes del Gobierno Balear consultadas por Servimedia, los técnicos autonómicos redactaron un borrador de reglamento en el que el nivel de conocimiento del catalán exigido era mayor que el finalmente aprobado. Sin mbargo, una comisión compuesta por miembros del Gobierno Balear, del grupo parlamentario popular y dirigentes de la formación conservadora del archipiélago rebajó las citadas exigencias.

La redacción del reglamento inicial fue impulsada y redactada bajo la presidencia de Soler. Su aprobación definitiva se produjo semanas después de la dimisión forzada del jefe del ejecutivo autonómico. La política lingüística y las discrepancias que generó en el PP de Baleares fue uno de los motivos que provocó el relvo de Soler al frente del Gobierno isleño.