Según el escrito socialista, el resposable de la concesión, otorgada en 1979 a Jaime Alberto Quintanilla por el equipo de Gobierno presidido por Juan Hormaechea, no ha cumplido ninguno de los aspectos contemplados en el convenio de cesión "gracias a la permisividad y claro amigismo" por parte de los concejales populares.

Los socialistas en el Ayuntamiento de Santander denuncian que, tras finalizar el plazo de 10 años establecido en el contrato de cesión (1990), el equipo de Gobierno popular "no llevó a cabo la rescisión, inhibiéndose de romover un nuevo concurso".

El escrito remitido al fiscal resalta como supuesto delito de robo el que los servicios de cafetería, restaurante y centro comercial contemplados en la concesión han estado consumiendo electricidad del enganche municipal a través de una desviación de la línea que paga el Ayuntamiento de Santander para dar servicio a los campistas.

Los socialistas santanderinos cifran en más de 20 millones de pesetas el consumo de fluido eléctrico interceptado por la concesionaria del srvicio de restauración, al tiempo que destacan la "curiosidad" de la contratación de una línea propia por parte de Jaime Quintanilla el pasado 9 de agosto.

Para Juan José Sota, "las anomalías no solamente son constitutivas de irregularidades en el ámbito administrativo, sino que además pueden desprenderse responsabilidades penales por parte de quienes desde el Ayuntamiento de Santander, y el propio concesionario, las han provocado".