Los socialistas accedieron a suavizar el proyecto tras mantener conversaciones con el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió, que, al finalizar el debate en la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara Baja, retiraron parte e sus enmiendas al articulado.

Minutos antes de que el ponente socialista José María Mohedano defendiese la bondad del proyecto, hizo llegar a los grupos de la oposición la nueva redacción de los artículos 20 y 21, lo que provocó malestar entre los portavoces parlamentos, porque la premura del cambio les dificultaba fijar claramente su posición.

Tras la defensa de los nuevos artículos, los socialistas dialogaron con vascos y catalanes para que apoyasen con sus votos la nueva redacción del texto. zquierda Unida y el Partido Popular mantuvieron sus posturas y no aceptaron la introducción de modificaciones.

Ambos grupos se reservaron la prerrogativa parlamentaria de tratar de cambiar la ley durante su segunda discusión en el pleno del Congreso.

MATIZACIONES

La nueva redacción del artículo 20.2 establece que "de no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario, los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta o al objeto de sancionar una infracción, pdrán requerir a quienes no puedan ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con los medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible".

Con ello se modifica el término "instar", que figuraba en el texto original, por el de "requerir" y se incluye la frase "para impedir la comisión de un delito o falta o al objeto de sancionar una infracción".

Respecto al artículo 21.2, la nueva redacción especifca que "será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición en los efectos o instrumento del delito".

El antiguo precepto no recogía el último párrafo: "siempre que la urgente intervención....". Estas modificaciones deberán ser aprobadas por el pleno del Congreso, que se celebrará el próximo día 15 de noviembre.

SUPRESION

Euskadiko Ezkerra, Eusko Alkartasuna, el Centro Democrático y Social, Izquierda Unida y el Partido Popular pidieron la supresión de ambos artículos modificados, por entender que son reiterativos con las normas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminl.

CiU y PNV, que al comienzo del debate tacharon los artículos de inconstitucionales, cambiaron sus opiniones cuando el Grupo Socialista presentó su nueva redacción. El portavoz nacionalista, Emilio Olabarría, llegó a alabar el "espíritu japonés" de los socialistas, porque de algo malo han logrado sacar algo bueno.

Los parlamentarios de la oposición argumentaron, en contra de los artículos, que convierten a los ciudadanos en sospechosos sin derecho a disfrutar de las garantías legales establecids en la Constitución, y recurrieron a la doctrina del Tribunal Constitucional para recalcar que la figura de la retención no existe en el ordenamiento jurídico español.

Por su parte, el socialista José María Mohedano insistió en que es muy difícil que un ciudadano no pueda identificarse de ninguna forma y que sólo en ese caso será requerido para que acompañe a los agentes a dependencias policiales o a comisarías para que los funcionarios puedan establecer su filiación.

"PATADITAS" A LA CONSTITUCION La discusión del proyecto se transformó en un enconado debate cuando, durante la discusión del artículo 21, José María Mohedano acusó al diputado del PP Francisco Alvarez Cascos de "demostrar una gran ignorancia política", tras decirle que usaba argumentos propios de un "abogado de pueblo".

Alvarez Cascos acababa de atacar al Gobierno por su interés en sacar adelante el proyecto a base de dar "pataditas a la Constitución", tras argumentar que la doctrina del artículo estaba ya recogida en el 553 d la Ley de Enjuiciamiento Criminal (persecución de los delitos flagrantes).

El representante del PP achacó a Mohedano "no ser fiel a la tradición histórica del socialismo" y ser "un señorito de peseta cuyas intervenciones rozan la patología chulesca".

Tras este trámite parlamentario, el pleno del Congreso tendrá que volver a discutir el proyecto, que una vez aprobado será remitido al Senado.