LOS SOCIALISTAS ACUSAN AL GOBIERNO DE HACER LA PRIVATIZACION DE TELEFONICA A ESPALDAS AL PARLAMENTO Y A LOS CIUDADANOS
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El portavoz parlamentario del PSOE, Joaquín Almunia, y el responsable de I+D, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusaron hoy al Gobierno de tratar de hacer la privatización de Telefónica "de espaldas al Parlamento y a los ciudadanos".
Los socialistas solicitaron la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso que deberá decidir sobre a comparecencia de los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Fomento, Rafael Arias Salgado, y del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, para conocer los detalles de la privatización del primer grupo de comunicaciones español.
Almunia indicó que habría bastado con la aceptación por parte del Gobierno de estas comparecencias para evitar la reunión de la Diputación durante el período vacacional en la Cámara, puesto que este órgano no tiene capacidad para entrar en el fondo de los asuntos, sino slo para decidir sobre la comparecencia o no de las personas antes citadas.
El PSOE considera este asunto de "extrema importancia" por tratarse de la privatización total del mayor grupo empresarial del país que aún tiene en régimen de monopolio el servicio de telefonía básica en España.
Por ello, quieren conocer qué clausulas del contrato de Telefónica con el Estado se mantendrán tras la privatización del 22,5% de las acciones que aún están en manos de la SEPI y si éstas son suficientes para garanizar a todos los ciudadanos y regiones en igualdad de condiciones los servicios que presta la compañía.
Rubalcaba indicó que para su grupo el decreto aprobado la pasada semana por el Gobierno es "confuso e insuficiente" y no aclara cuales son sus previsiones estratégicas respecto al sector de la comunicación, ni cuales son las condiciones para acceder a la privatización, ni las razones por las que Argentaria o el Banco Santander han tomado posiciones en el accionariado de Telefónica durante las última semanas.
Los socialistas son partidarios de que el Estado conserve al menos el 5% de las acciones de Telefónica para preservar su función de servicio público, y critican la posición "extremista" del Gobierno que ha optado por la privatización total.
(SERVIMEDIA)
15 Ene 1997
SGR