La prórroga del SMI fue incorporada por el Gobierno en el real decreto ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, aprobadas en el último Consejo de Ministros del pasado martes.

Dicho texto, publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), subraya que la prórroga del SMI se aplicará durante el “periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado”.

La fijación del SMI es una prerrogativa del Gobierno previa consulta con los agentes sociales, pero el Ejecutivo destaca que, en el actual contexto, es especialmente importante tratar de negociar para llegar a un acuerdo.

Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores señala que la actualización del SMI debe realizarse teniendo en cuenta cuatro variables: el Índice de Precios de Consumo (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Con todo, aunque la subida del SMI se apruebe ya en 2023, esta tendrá carácter retroactivo desde el primer día del año, tal y como ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, al ser preguntada por esta cuestión por los medios.

NEGOCIACIÓN

El Gobierno se comprometió a que antes del final de la legislatura el SMI alcanzara el 60% del salario medio en España. Ello implicaba que este indicador superara los 1.000 euros al mes por 14 pagas, según las conclusiones de un estudio encargado a una comisión de expertos en 2021.

Pero, para garantizar el cumplimiento de este compromiso, Díaz pidió a este grupo de especialistas que actualizaran sus recomendaciones para adecuarlas a la evolución de los sueldos durante estos últimos dos años.

Así las cosas, Díaz y la responsable de este informe presentaron las conclusiones del mismo el 19 de diciembre y, según dicho estudio, para que el SMI se situara en el 60% del salario medio en 2023, debería fijarse entre los 1.046 y los 1.082 euros. Ello implicaría una subida de entre el 4,6% y el 8,2%, ya que en la actualidad se encuentra en los 1.000 euros.

Tras la presentación de este informe, Trabajo convocó a sindicatos y CEOE a la mesa del diálogo social para debatir esta cuestión, si bien la patronal no acudió a esta cita. Esta negativa se produjo en un contexto marcado por el malestar de los empresarios con el Ministerio de Yolanda Díaz por pactar con Bildu, y sin reunir antes a los agentes sociales, devolver a la Inspección de Trabajo la potestad de pronunciarse administrativamente ante los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Para la CEOE, este hecho rompía el acuerdo al que tras meses de esfuerzo se había logrado alcanzar con la reforma laboral entre el Ministerio y los representantes de UGT, CCOO y la propia patronal. En cambio, Díaz justificó que era una medida que ya estaba incluida desde hace un año en el Plan Estratégico de la Inspección.

POSTURAS ENCONTRADAS

De esta manera, CEOE envió su postura por escrito, en la que abogaba por que el SMI se elevara en 2023 pero hasta los 1.040 euros, seis euros por debajo de la parte inferior de la horquilla sugerida por el informe encargado por el Gobierno. Además, la patronal apostaba por que parte del SMI se bonificara a determinados sectores que podrían tener más dificultades para hacer frente a este nuevo incremento.

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, esta postura pretende “tirar hacia abajo” del SMI, por lo que insistió en que este indicador se sitúe entre los 1.080 y los 1.100 euros.

Más tajante se ha venido mostrando UGT, cuyo líder, Pepe Álvarez, ha apostado en todo momento por que el SMI se sitúe el año que viene en los 1.100 euros para que el Gobierno cumpla con su compromiso de alcanzar el 60% de la retribución media en España.

Por su parte, Díaz no ha indicado por el momento una cifra concreta, pero sí ha destacado que elevar el SMI es necesario para luchar contra la pobreza y ha defendido que no daña al mercado laboral.

Finalmente, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no se posicionó sobre una cifra concreta durante una entrevista en la Cadena SER este pasado viernes, pero se mostró optimista sobre las posibilidades de que se pueda llegar a alcanzar un acuerdo con los agentes sociales.