Esta entidad explica que, "a los 18 años de la entrada en vigor de la Ley 39/2006, son múltiples las insuficiencias y limitaciones del sistema creado, que puede considerase en buena medida fallido, estando muy lejos de las legítimas expectativas de satisfacción que generó en sus destinatarios naturales, personas mayores y con discapacidad y sus familias".

Indica que presenta un "enfoque hacia la dependencia pasiva, en detrimento de la promoción de la autonomía personal, que debería ser su objetivo primordial; debilidad extrema del carácter de derecho subjetivo que pretendidamente crea la ley; problemas graves de infrafinanciación, que se ha revelado estructural y sistémica; copagos exacerbados que llegan a tener carácter confiscatorio; inequidad territorial; burocratismos y rigideces, que determinan listas de espera intolerables tanto para acceder a la valoración como a las prestaciones; gobernanza inadecuada, son algunas de las fallas que lastran el SAAD casi dos décadas después de su puesta en marcha".

Ante esta situación que el Cermi califica de "deficitaria", reclama a todas las fuerzas políticas, administraciones, agentes sociales y sectores cívicos de mayores y discapacidad un pacto de Estado de refundación del SAAD, que dote a España de "un auténtico dispositivo público de protección social en el ámbito de la autonomía personal y los apoyos y cuidados de larga duración".