En virtud del citado pacto, las regiones recaudarán el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales, frente al 33%, 35% y 40% actual.

La intención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es que el modelo pactado con Cataluña esté en vigor "lo antes posible", según dijeron hoy fuentes gubernamentales, que admitieron, no obstante, que la fecha depende de lo que dure la negociación, algo que no se puede saber de inicio.

El 1 de enero de 2007 puede ser "pronto", si se tiene en cuenta que las negociaciones de anteriores modelos duraron año y medio, pero no hay plazos ni se puede saber con certeza.

Y además del acuerdo en el CPFF, donde se va a crear un grupo de trabajo, también debe aprobarse una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en las Cortes Generales.

En todo caso, estas fuentes se remitieron al texto acordado, que dice que "la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicación de los preceptos del título VI", que son los referidos a todo el modelo de financiación.

Los preceptos se podrán aplicar "de forma gradual atendiendo a su viabilidad financiera", pero, "en todo caso", será "plenamente efectiva en el plazo de cinco años" desde la aprobación del Estatuto.

El Gobierno acota el acuerdo sobre el Estatuto catalán en materia autonómica en tres aspectos: impuestos; sistema de financiación e inversión del Estado.

SISTEMA DE FINANCIACION

El modelo de financiación pactado, extendible al resto de regiones de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra), incorporará el criterio de la capacidad fiscal de cada territorio. Dentro de los países descentralizados, España era el "único que no lo tenía en cuenta", dice el Gobierno.

Pero, además, el Estado va a tener "la única palabra" para definir los criterios de solidaridad y los niveles básicos de prestación a garantizar en todas las regiones en aspectos como la sanidad, la educación y el bienestar social.

"Eso lo decide el Estado, no las comunidades autónomas", señala el Ejecutivo, y habrá más aspectos cuando se abra el debate y que aportarán otras regiones, como la insularidad o la dispersión territorial o el número de habitantes, por ejemplo.

En cuanto a la cláusula para que, después de la aportación a la solidaridad, una región inicialmente más rica no caiga en el "ranking", el Gobierno la ve totalmente justa.

IMPUESTOS

En materia impositiva, Cataluña obtendrá, cuando el modelo esté en vigor para toda España, el 50% de la recaudación del IRPF en su territorio, pero no así en el caso de IVA e impuestos especiales, para lo que se tendrán en cuenta los niveles de consumo, dado que, por ejemplo, el 100% del gravamen sobre labores del tabaco se recauda en Madrid, pero no se va a quedar en esta región.

El sistema beneficiará a las regiones más dinámicas, no a las más ricas, defiende el Gobierno, y, en todo caso, el fondo de suficiencia se mantendrá.

De este modo, los recursos propios de una región se actualizarán en función de lo que crezca su economía, mientras que el fondo de suficiencia se elevará en virtud del crecimiento medio nacional. De este modo, la recaudación crecerá más en las regiones que más crezcan, y menos en las menos dinámicas.

El sistema actual, dice el Ejecutivo socialista, no valora fenómenos como la inmigración, por lo que el ceder más impuestos introduce "más racionalidad" y da "más recursos" a quien más necesidades tiene.

Además, para corregir disfuncionalidades, el sistema se revisará cada cinco años, cuando el hoy en vigor era indefinido, pero ha sido "el que menos ha durado", señala el Gobierno.

Las regiones tendrán más capacidad normativa en determinados impuestos, como hidrocarburos o eléctrico. Incluso, el Ejecutivo quiere negociar con la Unión Europea el que las autonomías puedan implantar un IVA minorista.

El Gobierno quiere dejar a las autonomías, salvando ciertos impuestos, como Sociedades o IVA general, "todo lo que se nos ocurra", aunque nunca llegarán a tener todo lo que deberían en términos económicos.

En cuanto a la gestión, Sociedades, IVA y especiales de fabricación no se gestionarán conjuntamente, pero sí habrá un consorcio, en el caso concreto catalán, para gestionar el IRPF (impuesto estatal cedido) y el Impuesto de Patrimonio (autonómico). En los consorcios se podrán introducir todos los impuestos regionales que se quieran, como, por ejemplo, Sucesiones.

Otro aspecto en el que el Gobierno quiere una actuación consorciada, en este caso con implicación también de ayuntamientos, es el del catastro.

El Gobierno no ve que esta labor consorciada de liquidación e inspección del IRPF vaya a ser negativa en la lucha contra el fraude, sino todo lo contrario, porque a la autonomía también le interesará recaudar más.

INVERSIONES

El tercer pilar del acuerdo es el de las inversiones del Estado en las regiones, con el que se trata de poner fin al "escándalo" de los últimos 15 años que ha perjudicado a Cataluña y Madrid.

Las inversiones del Estado se harán en función del peso de la región en el PIB nacional en los próximos siete años, pero descontados dos elementos: el fondo de compensación interterritorial (esto es, las inversiones de solidaridad) y los fondos europeos (dirigidos en gran medida a las regiones más pobres).

Por todo ello, señala el Gobierno, Madrid y Cataluña tendrán una inversión del Estado por debajo del peso de su PIB en la riqueza nacional, pero el trato entre todas las regiones, descontada la cuestión solidaria, será "equivalente".

El que la inversión se ligará al PIB regional para siempre no sería racional, admite el Gobierno, pero hacerlo durante siete años, como se ha acordado, permite corregir carencias del pasado.