Lo hará a petición propia y del PP, ERC, EH Bildu, Junts, Izquierda Confederal, Grupo Mixto y Agrupación Socialista de Gomera.

Desde su nombramiento, Sira Rego ha apostado por abordar el acceso de los menores de edad a contenidos inapropiados en Internet. Para ello, su departamento ha impulsado un grupo de 50 expertos que tiene como objetivo diseñar una estrategia de país sobre esta materia. La propia ministra avanzó el viernes que este grupo tendrá listo el informe con las conclusiones de su trabajo en “pocos días”, en “una semana aproximadamente”.

A su juicio, el uso que los menores hacen de las nuevas tecnologías es “un tema extraordinariamente complejo” sobre el que hay que efectuar “una mirada global”, ya que afecta a “la vida cotidiana a todos los niveles” de la infancia y la juventud.

Por ello, el trabajo del antedicho grupo de expertos incluirá “una radiografía sobre cómo está el país” y con las medidas que considera que hay que poner en marcha en este ámbito, las cuales se recogerían una ley, cuya formulación se prevé para este año.

Sira Rego también ha anunciado la puesta en marcha de la primera ley de juventud de la democracia, de la que actualmente se está diseñando el proceso participativo para su elaboración, un proceso que se prolongará durante “unos meses” con el objetivo de “garantizar que es la juventud la que forma parte y la que debate acerca de los ejes fundamentales” de la norma.

La ministra también ha acordado con las principales entidades del Tercer Sector la creación de un “grupo de trabajo estable” para perfilar un pacto de Estado contra la pobreza infantil, cuyos trabajos arrancarán tras la Semana Santa con el objetivo de tener una hoja de ruta definida este año.

Juventud e Infancia espera involucrar en esta iniciativa a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y al conjunto de partidos políticos con representación parlamentaria.

A su vez, el departamento dirigido por Sira Rego impulsará la creación de otro grupo de trabajo interministerial en el que se analizará el impacto de la pobreza infantil y se coordinará la “respuesta transversal” del Gobierno a esta cuestión.

Por último, el Gobierno central y el Ejecutivo canario han acordado modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el objetivo de que esta norma incluya “una distribución vinculante y solidaria” de los menores no acompañados que llegan al archipiélago entre las distintas comunidades autónomas.