El letrado rancisco Hernando, que representa a los trabajadores de Sintel, señaló, tras presentar la ampliación de la querella, que las actuaciones del Consejo de Administración de Telefónica en ese año pueden suponer un delito de extorsión, castigado con penas de cárcel de uno a cinco años, de acuerdo con el artículo 243 del Código Penal.

En su opinión, los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica "forzaron a Sintel a prestar un aval" para pagar una deuda que no era de esta empresa, sino de la failia Mas Canosa, que es la propietaria de Mastec Internacional, la compañía a la que Telefónica vendió su filial y que nunca pagó la adquisición.

El pago de ese aval dio lugar a la crisis de Sintel, que acabó con la declaración de quiebra de la compañía el pasado año. En aquella fecha, Sintel debía a Telefónica 19.500 millones de pesetas, con lo que, según el juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid, que instruye la quiebra, la situación económica de la compañía estaba tan degradada que era inapaz de pagar a sus acreedores

Según el texto de la querella, al que tuvo acceso Servimedia, entre los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica a 30 de septiembre de 1998, a los que se extiende la querella, se encuentran Juan Villalonga (presidente), Javier Revuelta (vicepresidente ejecutivo), José María Concejo, Isidro Fainé y Francisco Gómez Roldán (vicepresidentes) y 15 vocales.

Entre ellos aparecen César Alierta (actual presidente de Telefónica), Maximino Carpio, Pedro Ballvé, lberto Cortina, José Javier Echenique, Juan Perea Sáenz de Buruaga y Juan Antonio Sagardoy.

Según la querella, los trabajadores de Sintel consideran a Telefónica "responsable civil subsidiaria". El pasado mes de julio el juez Baltasar Garzón admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra la familia Mas Canosa, como presuntos responsables de la descapitalización de Sintel.

Entre los testigos que había citado Baltasar Garzón estaban César Alierta y Juan Villalonga, as como dos hijos del empresario cubano residente en Miami Jorge Mas Canosa, propietario de Mastec, que fueron imputados por un presunto delito de insolvencia punible.

El presidente del antiguo comité de empresa de Sintel, Adolfo Jiménez, señaló que en estos momentos están en marcha comisiones rogatorias que investigan a los hijos de Mas Canosa y el presunto envío del dinero obtenido en la descapitalización de Sintel a paraísos fiscales.