Los trabajadores habían solicitado al juez que ampliase la querella presentada por la venta de Sintel a los miembros del citado consejo de administración por un presunto delito de extorsión, casigado con penas de cárcel de uno a cinco años.

En un auto dictado el pasado 8 de marzo, el magistrado Ruiz Polanco argumenta que "de los hechos relatadados en el escrito de la querella no se infiere dato alguno mínimamente acreditativo de haberse producido acto alguno, individual o colectivo, violento o intimidatorio, con ánimo de perjudicar los intereses patrimoniales directos o indirectos de los querellante".

Asimismo, señala que en los hechos descritos en la querella no se aprecia la intimidacón, "elemento definidor del delito de extorsión", por lo que no cabe sino rechazar la ampliación de la querella.

LA AMPLIACION

Los abogados de los trabajadores consideran que los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica "forzaron a Sintel a prestar un aval" para pagar una deuda que no era de esta empresa, sino de la familia Mas Canosa, que es la propietaria de Mastec Internacional, la compañía a la que Telefónica vendió su filial y que nunca pagó la adquisición.

El pago de ese avl dio lugar a la crisis de Sintel, que acabó con la declaración de quiebra de la compañía el pasado año. En aquella fecha, Sintel debía a Telefónica 19.500 millones de pesetas, con lo que, según el juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid, que instruye la quiebra, la situación económica de la compañía estaba tan degradada que era incapaz de pagar a sus acreedores

Según el texto de la querella de los trabajadores, entre los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica a 30 de septiemre de 1998, a los que se extiende la querella, se encuentran Juan Villalonga (presidente), Javier Revuelta (vicepresidente ejecutivo), José María Concejo, Isidro Fainé y Francisco Gómez Roldán (vicepresidentes) y 15 vocales.

Entre ellos aparecen César Alierta (actual presidente de Telefónica), Maximino Carpio, Pedro Ballvé, Alberto Cortina, José Javier Echenique, Juan Perea Sáenz de Buruaga y Juan Antonio Sagardoy.

Según la querella, los trabajadores de Sintel consideran a Telefónica "responsablecivil subsidiaria". El pasado mes de julio, el juez Baltasar Garzón admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra la familia Mas Canosa, como presuntos responsables de la descapitalización de Sintel.

EL ORIGEN

Este caso llegó a la Audiencia Nacional mediante la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en su día contra la familia Mas Canosa, antigua propietaria de Sintel, por un presunto delito de insolvencia punible.

La querella de la Fiscalía Anticorrupión nació de la denuncia que los propios trabajadores de la firma presentaron ante el departamento de Carlos Jiménez Villarejo pocos días después de instalarse, el 29 de enero, en el Paseo de la Castellana para protestar por su situación laboral.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se dirigieron a esclarecer tanto la venta de Sintel que hizo Telefónica, en 1996, al cubano Jorge Mas Canosa, como a la reventa que éste hizo posteriormente a Carlos Gil.

Esta última operación, según fuenes de la investigación, pudo hacerse a través de sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas.