Se trata de Juan Antonio Casanova, Ricardo Campos, Juan Miguel Antoñanzas y Pedro Novela, que fueron consjeros delegados de Sintel entre 1997 y 2000.

Según las mismas fuentes, la suspensión se ha debido a que la semana pasada llegó al juzgado una comisión rogatoria procedente de Estados Unidos, de la que se deduce que no se ha tomado declaración a los hijos del empresario cubano Jorge Mas Canosa.

El fiscal anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, ha solicitado al juez que envíe una segunda comisión rogatoria para informar a los hijos de Mas Canosa de que están querellados en España en eta causa y que deben acudir a declarar.

El juez Ruíz Polanco decició suspender la declaración a pesar de que los cuatro consejeros citados habían acudido puntualmente a su juzgado esta mañana, a la espera de contar con la declaraciones de los hijos de Mas Canosa.

La citación de hoy se había producido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó en su día la querella contra la familia Mas Canosa, antigua propietaria de Sintel, por un presunto delito de insolvencia punible.

La querela de la Fiscalía Anticorrupción nació de la denuncia que los propios trabajadores de la firma presentaron ante el departamento de Carlos Jiménez Villarejo pocos días después de instalar, el 29 de enero del año pasado, un campamento en el Paseo de la Castellana para protestar por su situación laboral.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se dirigieron a esclarecer tanto la venta de Sintel que hizo Telefónica, en 1996, al cubano Jorge Mas Canosa, como la reventa que éste realizó posteriormete a Carlos Gil.

Esta última operación, según fuentes de la investigación, pudo hacerse a través de sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas.