El continuo cambio de propietarios de la empresa de telecomunicaciones, desde su venta al ampresario cubano Más Canosa en 1996, ha respondido a una estrategia que, según IU, no tenía en cuenta la actividad de la empresa en España, sino más bien su proyección en el mercado iberoamericano.

En 1997 se presentó un expediente de extinción de 1.411 contratos, cuando los beneficios de la empresa ascendían a 2.600 millones de pestas, lo que IU atribuye a una actuación especulativa y no productiva.

Además, el pasado mes de junio Sintel presentó un expediente de suspensión de pagos, de nuevo con beneficios en su cuenta de resultados superiores a los 3.400 millones de pesetas.

Según explica IU en su texto, el personal de la empresa está altamente cualificado y es competitivo, por lo que se hace necesaria una "respuesta" del Gobierno para unos trabajadores a los que se adeudan ya seis nóminas.

En todo caso, y teniendo e cuenta que Sintel era filial de la empresa pública Telefónica y que antes de su privatización se tomaron medidas para garantizar los puestos de trabajo y la transparencia de la privatización, IU considera necesaria la creación de la citada subcomisión para esclarecer los extremos de la privatización de la empresa, en un plazo no superior a seis meses.