Casanova ya declaró en su día ante el entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Gullermo Ruiz Polanco, suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a quien sustituye Baltasar Garzón hasta que se resuelva el expediente de su compañero.

Casanova aseguró entonces que él ejecutaba lo que le pedían Jorge y Juan Carlos Mas Santos, herederos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, a quien Telefónica vendió Sintel por más de 4.000 millones de pesetas.

Por otra parte, el magistrado Baltasar Garzón ha decidido continuar con la investigación y rechaz dictar el sobreseimiento y archivo de la causa, como habían solicitado varias de las defensas y a lo que se habían opuesto los trabajadores de Sintel. El juez sostiene que "existen múltiples diligencias por practicar".

La investigación del "caso Sintel" está relacionada con la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa por un presunto delito de insolvencia punible.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción nació de la dnuncia que los propios trabajadores de Sintel presentaron ante el departamento de Carlos Jiménez Villarejo pocos días después de instalar, el 29 de enero del año 2001, un campamento en el Paseo de la Castellana para protestar por su situación laboral, que mantuvieron durante más de medio año.

La instrucción de este caso gira en torno a la quiebra de la empresa, que en 1996 fue vendida por Telefónica al empresario cubano Jorge Mas Canosa, cuyos herederos la revendieron a Carlos Gil, en una operación enla que intervinieron sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.