Así lo anunció hoy el ministro Manuel Pimentel, tras comparecer en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Política Social y Empleo, en la que expuso los datos de siniestralidad durante 1998 -con una media de 4 muertos en accidentes laborales al día- y mostró las previsionesde su ministerio para frenar estos "malos" resultados.

Pimentel reconoció que el elevado número de siniestros laborales, con 1.091 muertes durante 1998, constituyen el "punto negro" de su departamento, pero insistió en que es una cuestión de incumplimiento de la actual ley de prevención de riesgos, principalmente porque ésta no se conoce. Por ello, el ministerio insistirá en mostrar a las empresas estos métodos de prevención.

El diputado de CiU Carles Campuzano destapó la posibilidad de realizar cciones "más contundentes" para que las empresas sean los "deudores" de seguridad con sus trabajadores, y por ello solicitó la aplicación de bonificaciones a las empresas con poca siniestralidad.

Pimentel subrayó que la mala situación de la siniestralidad obliga a "otro tipo de actuaciones más directas" que las que ya recoge la normativa y reconoció que la intención del Ejecutivo es poner en marcha este sistema de bonificaciones y penalizaciones, si bien descartó que se aborde en la presente legislatua.

Sobre la cuantía de las bonificaciones, el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales maneja varias cifras sin que, por el momento, se haya hecho una valoración efectiva. No obstante, el debate oscila entre penalizar con un 10 por ciento a los infractores y bonificar en un 5 por ciento a los que sí cumplen.

Estas bonificaciones o penalizaciones se aplicarían en las cuotas de la Seguridad Social que cada empresa abona en concepto de prevención de riesgos laborales. La medida intentará crear una "eutralidad financiera", según Pimentel, para que estas medidas no supongan cargas al Estado y no creen discriminación entre empresas.

Por parte del PSOE, el diputado Fernando Gimeno acusó a Pimentel de no asumir "ninguna" responsabilidad sobre los malos datos de siniestralidad y afirmó que su ministerio está llevando a cabo una política que únicamente beneficia a las mutuas de prevención de riesgos laborales mediante los apoyos económicos a las mismas, lo que, a su juicio, llevará a la privatización d estos servicios, al dejarlos en manos de estas sociedades.