La historia de esta prisión, según USO, se remonta al golpe de Estado del 23-F, tras el cual las autoridades militares ordenaron construir un penal que pudiera albergar a los implicados en la intentona.

El edificio permaneció seis años cerrado y en 1991 el Ministerio de Justicia lo compró por 500 mllones de pesetas para convertirlo en el cuarto centro penitenciario de Sevilla.

"Pero debido al `agujero' económico que en estos momentos soporta la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, estimado en más de 7.000 millones, no se han acometido las necesarias obras de adecuación de un edificio con una estructura construida para la legislación penitenciaria militar a una que cumpla lo preceptuado en la legislación penitenciaria civil", señala USO en una nota de prensa.

En opinión del sindicao, "razones políticas y el alarmante crecimiento del número de presas, cuya cifra se ha multiplicado por cuatro", son las que han llevado al Ministerio de Justicia a abrir "precipitadamente" el centro.

Según USO, la prisión de Alcalá de Guadaira sólo cuenta con un patio para todas las internas, en el que tendrán que convivir durante muchas horas al día "sin ningún tipo de clasificación".

Las celdas individuales no existen, asegura el sindicato, y las comunes no se pueden llamar celdas, "sino barrcones o brigadas con literas para 3 ó 5 internas, según los casos".

PRESIONES A LOS POLICIAS

También la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) pidió hoy la clausura de la cárcel de Alcalá de Guadaira, "hasta tanto no se pongan los medios necesarios para asegurar mínimamente su seguridad".

En opinión de los responsables del sindicato, el sistema de seguridad se prestará en la nueva cárcel "en condiciones infrahumanas y escasas garantías de seguridad".

"Es muy lamentable, a la vez ue hace pensar que raya en el morbo", dice un comunicado de ANPU, que el Ministerio haya ofrecido a policías destinados en el País Vasco destinarles a esa prisión sevillana a cambio de que renuncien a percibir dietas, "jugando con la debilidad humana" de quien se ve presionado a abandonar una zona azotada por el terrorismo.

Según este sindicato policial, es "materialmente imposible" cubrir todos los puntos de vigilancia que garanticen la seguridad, faltan enrejados, los vestuarios de policías y funcioarias de prisiones están muy próximos, "necesitando aporrear la puerta y prácticamente coger vez para entrar".