La movilización, que precederá a una manifestación de trabajadores del sector convocada para el 21 de febrero, persigue forzar al Gobierno a negociar con los sindicatos una transición"sosegada, coherente y segura" al nuevo modelo ferroviario y evitar la "precipitación" con la que el Ministerio de Fomento está desarrollando la nueva normativa.

Los sindicatos reclaman al Gobierno el saneamiento de la deuda actual de Renfe para poder competir con las operadoras privadas y critican "la falta de concreción de activos materiales e inmateriales para los dos entes públicos resultantes de la nueva disposición, ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y RENFE-Operadora".

Ls trabajadores de Renfe denuncian la "falta de coherencia" de los proyectos de desarrollo de la nueva ley en aspectos como "la seguridad, la coordinación en materia de protección civil, la falta de responsabilidad a terceros o el desequilibrio generado en el sector ferroviario por las competencias atribuidas al ADIF por la Dirección General de Ferrocarriles".

Para los sindicatos de Renfe, "no es admisible que todavía no se hayan definido ni aclarado la asignación de trabajadores, la elaboración de crierios para la selección de personal, la relación de puestos de trabajo y la garantía del mantenimiento de las actuales condiciones sociolaborales de los trabajadores".