En sendos comunicados, los sindicatos exigieron que, antes de abordar esta negociación, es necesario concretar "los apartados pendientes por desarrollar" del Acuerdo Básico Laboral para el Profesorado de la Enseñanza Pública firmado el pasado 20 de octubre. Estos apartados se refieren al incremento retributivo para el profesorado y al nuevo sistema de acceso a la Función Pública Docente.

Asimismo, FETE-UGT puntualizó que el borrador de Estatuto Docente que presentó el ministerio el 30 de mayo en la mesa sectorial de Educación es un "documento básico para iniciar las negociaciones". Este documento estará condicionado por el Estatuto Básico del Empleado Público (que podría sufrir modificaciones en el trámite parlamentario), por lo que FETE- UGT sostuvo que "sería aconsejable esperar a su aprobación", antes de abordar el Estatuto del Docente.

Por su parte, CCOO exigió al ministerio la retirada del borrador de ley y un calendario concreto de negociaciones para abordar "con serenidad y con tiempos suficientes" todos los temas contemplados en el documento (movilidad del profesorado, carrera profesional, salud laboral, jubilaciones, retribuciones, titulaciones mínimas, etcétera).

Finalmente, STES-i denunció que el borrador "plantea cambios tan drásticos como la introducción de ocho grados en el profesorado, con consecuencias retributivas y de movilidad, la desaparición del concepto de plantilla orgánica de los centros o la no recogida de reivindicaciones laborales históricas".

En su opinión, "con la excusa de desarrollar la posibilidad de una 'carrera docente', se pretende introducir una estratificación innecesaria del profesorado, que bloqueará el trabajo en equipo, primordial para la cohesión en los centros educativos, y someterá a los docentes a un proceso de supervisión e inspección continuos, sin garantías de objetividad".