Los sindicatos recuerdan que el decreto debía haberse publicado en 1996 y que, tras innumerables retrasos, el Gobierno ha anunciado que la normativa no estará listahasta el próximo verano.

En su opinión, estos retrasos están produciendo perjuicios notables tanto a trabajadores como a empresarios, que esperan desde 1995 el cumplimiento de la obligación de desarrollo reglamentario contraída por la Administración.

Esta situación, según UGT y CCOO, está dando argumentos a los empresarios que pretenden amortizar los antiguos compromisos de planes de pensiones para sus trabajadores mediante la compra de derechos, fenómeno que se está detectando en la negociación olectiva.

Asimismo, denuncian la "incomprensible" excepción de las administraciones públicas en lo que se refiere a la obligación de externalizar sus planes de pensiones, extremo que tampoco se recoge en el proyecto de real decreto que prepara el Ejecutivo.

En consecuencia, ambas centrales emplazan a Economía a que se abra un proceso de diálogo "rápido e intenso" sobre este problema en el que participe además la CEOE, a fin de que se publique próximamente en el "Boletín Oficial del Estado" esta nrmativa.