Insistieron en que no se trata de una huelga política, sino "estrictamente sindical", ya que, según dijo el portavoz de UGT, "nosotros no pretendemos cambiar el Gobierno, sino que éste cambie su política".

Para Antón Saracíbar, el paro del 27 de enero ha sido "provocado" por el Ejecutivo, al imponer su política sin negociar con los sindicatos, "que sólo hemos sido", afirmó, "informados y consultados, pero no llamadospara negociar. No es una huelga deseada, pero, desde luego, es obligada para defender el empleo y la solidaridad".

Según el dirigente ugetista, "el Gobierno ha roto el consenso en torno al Estatuto de los Trabajadores, ha modificado unilateralmente el marco de relaciones labores que se acordó en su día con los empresarios".

Insistió en que las medidas aprobadas por el Gobierno van a traer en el 94 más desempleo -calculó en 100.000 los puestos de trabajo que se destruirán- y aseguró que "nos conduen a una sociedad de beneficiencia".

Para el portavoz de UGT, estas medidas afectan al conjunto de la sociedad. "No es, por lo tanto, un problema exclusivamente sindical, que afecte sólo a los trabajadores", por lo que toda la sociedad debe reaccionar apoyando la huelga.

A su juicio, si se hiciese una consulta popular sobre el apoyo a la huelga, los sindicatos ganarían y "se demostraría que la mayoría parlamentaria no significa apoyo social a las medidas que ha tomado unilateralmente el Gobierno"

Según Saracíbar, el déficit público no se puede solucionar recortando los salarios y las prestaciones sociales, sino luchando "eficazmente" contra el fraude fiscal.

"Después del día 27", continuó, "el Gobierno debe negociar con los sindicatos", porque la situación económica, el desempleo y la precariedad requieren "alternativas pactadas". "Pretender ser más competitivos es bueno y es razonable, pero sólamente será posible con una mayor cohesión social, y ésto requiere acuerdos con las organizacines".

SERVICIOS MINIMOS

José Manuel de la Parra, secretario de Organización de CCOO, explicó que el 27-E los "piquetes informativos" tratarán de extender la huelga y servir de "contrapeso" a aquellos elementos que quieran obstaculizar el libre ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores.

"En una sociedad en la que el 33 por ciento de las plantillas tienen contratos precarios, esos trabajadores sienten una amenaza por parte de los empresarios de no ver renovado su contrato cuano van a ejercer su derecho a la huelga", agregó.

Sobre los servicios mínimos, De la Parra señaló que "los dos sindicatos vamos a hacer una oferta responsable" a las distintas administraciones en materia de servicios esenciales. Para ello se basarán en el artículo 11 del capítulo III de la Ley de Huelga, que no llegó a aprobarse por la convocatoria de elecciones. Los sindicatos garantizarán los servicios esenciales en materia de salud, libre circulación, libertad de información y educación.

De la arra indicó que están elaborando una propuesta para llegar a un acuerdo con la Administración a la hora de establecer los servicios mínimos, que se comprometen a cumplir de forma "responsable", "de la misma forma que se hizo el 14-D", dijo el líder de CCOO.

José Manuel de la Parra señaló que ya hay acuerdos con diversas organizaciones, entre las que se encuentran los sindicatos de la policía y organizaciones agrarias.

Además, la huelga cuenta con el apoyo de organizaciones ecologistas, movimiento de intelectuales y artistas, organizaciones juveniles y feministas, movimientos universitarios y asociaciones de vecinos.