El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, señaló a Servimedia que los políticos tienen que regular "de una vez por todas" el servicio de protección a cargos públicos y personalidades de relevancia, porque, hasta el momento, "hacen oídos sordos".

Según Sánchez Fornet, en una ley sobre escoltas se tendría que definir la autoridad que ha de decidir quién debe o no llevar protección, así como los criterios para ser bjeto de ella. De esta manera, a su juicio, "se evitará diversidad de criterios según el delegado del Gobierno de turno y según si un partido político lo pide o no al Ministerio de Interior".

En esta norma debería determinarse, por ejemplo, que todas las personas marcadas por ETA como objetivo tendrían que llevar protección. Igualmente, se debería establecer qué otras personas, aunque no hayan aparecido nunca en ninguna lista de los terroristas, deberían contar también con esta protección.

"Lo qu pasa es que las leyes atan las manos a los políticos y no quieren, pero con la ley se acabarían los criterios discriminatorios", manifestó Sánchez Fornet.

Por su parte, el portavoz del sindicato ANP, Isidoro Zamorano, calificó de "sorprendente" la decisión de retirar la protección al secretario general de la FSM, Rafael Simancas.

Zamorano señaló a Servimedia que "estamos ante un buen momento" para regular este servicio a través de una ley. "No podemos seguir así por más tiempo", dijo.

A juiio de la ANP, la norma debería especificar también aquellos supuestos en los que no es necesaria una protección durante las 24 horas a una determinada personalidad, ya que "hay ocasiones, por ejemplo, en que con servicios de vigilancia y contravigilancia es suficiente para un político".