Esta acusación está recogida en un comunicado conjunto firmado por los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP, SP y el Sindicato de Comisarios de Policía.

Los sindicatos expresan su "preocupación" porque las autoridades deriven hacia la policía la responsabilidad de los episodios de violencia de género.

"Esta situación resulta a todas luces injusta, y lo que resulta más peligroso, se encuentra muy lejos de poder resolverse", afirman.

A renglón seguido, este colectivo denuncia que la Ley Integral contra la Violencia de Género no cuenta con presupuesto ni agentes suficientes en las UPAPs, cuya función es hacerse cargo de todas las órdenes de protección a estas víctimas.

Como ejemplo, los sindicatos señalan que en la Comunidad de Madrid cada policía tiene a su cargo a más de 25 mujeres en riesgo de sufrir violencia de género y en Valencia o Murcia tienen a más de 20, cuando está estipulado que esta cifra no supere las 12.

En este sentido, aclaran que "en las pequeñas unidades policiales correspondientes a comisarias locales o de distrito, esta ratio se puede llegar a multiplicar peligrosamente, como es el caso de ayer en la ciudad de Logroño, donde se produjo el último homicidio de este tipo".

En esa plantilla policial, detallan los sindicatos, contamos en la actualidad con cuatro funcionarios policiales para atender a casi 170 mujeres amparadas en órdenes de proteccion.

Por todo ello, estas agrupaciones sindicales piden al Ejecutivo una profunda revisión de los planteamientos operativos de las unidades de protección de las víctimas de violencia de género que garantice unos mínimos óptimos que garantice la seguridad de las mismas.

"Responsabilizamos por omisión al director general de la Policía y la Guardia Civil, al ministro del Interior y por extensión, al Gobierno, de cualquier situación lesiva o luctuosa que ocurra al amparo de la Ley Integral contra la Violencia de Género", concluyen los sindicatos.