Concretamente, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) dieron su conformidad a esta propuesta, mientras que el Sindicato Profesional de Policía (SPP) calificó el plan de "absoluta tontería".

En declaraciones a Servimedia, el secretario general deL SUP, José Manuel Sánchez Fornet, se mostró "totalmente de acuerdo" con esta propuesta porque supondría más garantías de los derechos para los detenidos y más seguridad jurídica para los policías.

Sánchez Fornet indicó que esta medida reforzaría los derechos constitucionales fundamentales para los detenidos y evitaría casos de "identificación y cacheos de forma injustificada" que realizan los policías "diariamente por órdenes de los responsables políticos".

Estas situaciones, agregó, suponen "un recorte de derechos de los ciudadanos y un riesgo para la seguridad jurídica de los policías".

Además, Sánchez Fornet añadió que con las grabaciones se evitarían las "denuncias falsas" de detenidos que aseguran haber sido maltratados, si bien recalcó que debería haber más medidas, como que en las comisarías haya "delegados de garantía de los derechos humanos", como ya hay delegados de prevención de riesgos laborales.

Por su parte, el secretario de organización de la CEP, Lorenzo Nebreda, se mostró de acuerdo con el plan del Gobierno y señaló que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no tienen nada que ocultar ni que temer" porque "cumplen a rajatabla con la legalidad vigente".

Sin embargo, Nebreda precisó que "la seguridad del detenido es legítima, pero también la de los funcionarios, que está completamente abandonada por el Gobierno".

A este respecto, pidió más inversión porque hay "comisarías que se caen a cachos, vehículos que no pueden salir a la calle porque no tienen repuestos, comisarías que no tienen dispositivos de seguridad electrónica, estamos sin hacer prácticas de tiro porque no hay munición y compañeros policía judicial sin desplazarse porque no hay dinero para dietas".

"AUTÉNTICA ESTUPIDEZ"

Por último, el presidente del SPP, José Ángel Fuentes Gago, calificó de "absoluta tontería", "auténtica estupidez" y medida "absolutamente inoperante e ineficaz" colocar cámaras en las dependencias policiales.

Fuentes Gago subrayó que "los policías vamos a saber dónde están (los sistemas de grabación) y si se quiere torturar a un detenido, no lo vas a hacer nunca delante de las cámaras; habrá zonas muertas porque no toda la comisaría va a estar videovigilada".

Afirmó que, aunque "están bien los mecanismos de control", será "un gasto de dinero innecesario" y no se evitarán las torturas. "Si se quiere torturar, se seguirá haciendo, que a nadie le quepa la menor duda", apostilló.

"Seguro que los sistemas de grabación son conectables ydesconectables. Como en las películas, donde se le tortura (al detenido) y cuando vuelve a aparecer la cámara grabando, no hay nadie", concluyó.