Estas organizaciones sindicales, que representan a más de 50.000 funcionarios (el 85% del Cuerpo Nacional de Policía), se han declarado en situación de "conflicto por tiempo indefinido", según informan en un comunicado.

Uno de los puntos más importantes de sus reclamaciones se centra en lo que consideran incumplimiento del programa electoral del PP en lo que se refiere a la homologación retributiva entre los distintos cuerpos de seguridad.

Hasta el momento, las policías autónmas vasca y catalana cobran unas 60.000 pesetas mensuales más que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Los cuatro sindicatos protestan también por el reparto "arbitrario" de "incentivos económicos al rendimiento", en virtud del Plan Policía 2000, sin acuerdo previo con ellos y "sin ninguna explicación objetiva a los funcionarios afectados".

Denuncian la desregulación de la jornada laboral en el cuerpo, incumpliendo los acuerdos suscritos por parte de los sindicatos policiales con administaciones anteriores, así como que desde la legalización de los sindicatos policiales "se ha pasado el mayor periodo de tiempo sin suscribir ni siquiera negociar, un acuerdo entre los sindicatos y el ministerio".

Asimismo, critican la "falta de regulación legal de la actividad sindical, la negativa a la adaptación de la legislación sobre prevención de riesgos laborales, la inexistenica de ayudas sociales al transporte y la vivienda y la escasez de recursos humanos", entre otros.

Por estos motivos, NPU, SUP, UFP y SPPU acusan al Ministerio del Interior de mantener un "desprecio a los derechos de los funcionarios" y anuncian movilizaciones ante el ministerio y encierros en provincias.