El documento, bautizado como ‘Defender lo ganado. Avanzar en derechos’, reclama también una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores “que avance en derechos y aborde los nuevos retos a los que se enfrenta el trabajo, su organización y su regulación”. En paralelo, el texto pide un incremento de la cuantía de la indemnización por despido improcedente “para adecuarlo a lo establecido en la Carta Social Europea Revisada”, así como de la prestación por desempleo, la cual CCOO y UGT proponen alargar temporalmente.

En materia de empleo, las organizaciones sindicales también piden ampliar la reforma laboral para apuntalar “el compromiso con las políticas de contratación laboral”, desarrollar el estatuto de las prácticas no laborales en los centros de trabajo, y garantizar el control humano de los algoritmos e inteligencia artificial “y que este sea seguro y nítido”.

CCOO y UGT piden, además, que se les facilite “la información suficiente”, “en especial de aquellas fórmulas que configuran las aplicaciones vinculadas a las relaciones laborales y a la protección social”, para garantizar “la transparencia digital y algorítmica”. En este sentido, considera “esencial y urgente” consolidar “un cambio total” de modelo productivo que contribuya a afianzar la estabilidad laboral, el crecimiento de los salarios, la formación de las personas trabajadoras y las ganancias de productividad basadas en el mayor peso de la industria, la tecnología y la innovación.

Los sindicatos quieren que el próximo Gobierno mantenga el salario mínimo interprofesional (SMI) “como mínimo” en el 60% del salario medio neto, y recuperar el poder adquisitivo perdido del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), así como garantizar su revisión de acuerdo a la inflación. Además, abogan por desarrollar un Plan Coordinado de erradicación de la pobreza y el establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos para ampliar “la acción protectora” del ingreso mínimo vital (IMV).

Por último, en materia de empleo, exigieron una nueva ley de industria que impulse trabajo “de calidad”, además de contribuir a la autonomía estratégica del país y otorgar “solidez” a la actividad económica y productiva española.

POLÍTICA FISCAL

Junto a estas medidas, CCOO y UGT quieren una reforma fiscal “más progresiva” porque consideran que la presión fiscal en España “es muy baja en relación con los que tienen los países más avanzados de Europa”.

Los ejes de dicha reforma serían “la transparencia fiscal, la armonización de los impuestos sobre la riqueza y la lucha contra el fraude y contra la economía sumergida”, y, entre otras cosas, buscaría equiparar los tipos de la base general a la del ahorro e incrementar los tipos a las rentas superiores en el IRPF con el ánimo de cerrar la brecha existente entre España y la UE, que estiman en 5 puntos del PIB.

Con ello, los sindicatos creen que se podría hacer frente al gasto público, que, entre otras cosas, quieren que se destine a la vivienda y las pensiones. En el primer capítulo, los sindicatos abogan por incrementar la inversión para la creación de un parque público de vivienda en alquiler asequible hasta “al menos” el 1% del PIB. En el segundo, exigen mantener la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC).