Los dos sindicatos mayoritarios señalaron que el crecimiento de 3 décimas registrado en los precios el mes pasado no debe ocultar los efectos que tendrá en el futuro la subida del 13 al 15 por cienen IVA, por el que el propio Gobierno prevé un aumento de precios de entre el 0,7 y el 1 por cien.

Además, los responsables ugetistas advierten que la subida de precios en julio, que califican de excelente, no es estructural y, por tanto, dudan de su durabilidad. El motivo que aducen es que si los precios crecieron poco en julio es porque los productos alimenticios siguen comportándose de forma moderada.

No obstante, destacan que el sector servicios sigue mostrando una tendencia alcista que los cnvierte en los más inflacionistas, y revela la carencia de políticas capaces de frenarlos.

También CCOO criticó el dualismo que existe entre el sector de servicios y el resto de la economía, al afirmar que las industrias y los ciudadanos están subvencionando los beneficios de una actividad productiva en la que están incluidas la hostelería y el turismo.

Esta central sindical señaló que en los próximos meses se verá el efecto de las medidas de ajuste en los precios, cuya primera consecuencia será a pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, que perjudicará a las rentas más bajas y especialmente a los que carecen de cláusulas de garantía en sus convenios.

UGT y CCOO coinciden, a su vez, en criticar el empeño del Gobierno en mantener una política económica incapaz de corregir los principales desequilibrios que tiene planteados el país, basada en criterios monetaristas que sólo consiguen desacelerar el crecimiento económico sin aumentar la base productiva.

Por su parte, la patronal CEO reconoció que el aumento del 0,3 por cien en el IPC es una buena noticia para el objetivo básico del Gobierno de reducir la inflación, pero achacó ese "logro" del Ejecutivo al progresivo debilitamiento de la economía.

Según la organización empresarial, "esta no es la vía mejor para conseguir el control de la inflación" y cita los casos de la morosidad registrada en la banca, la suspensión de pagos en las empresas y el escaso nivel de creación de empleo como ejemplo de la realidad económica del país. CEOE insistió en la necesidad de que el Gobierno aplique medidas distintas a las tomadas hasta ahora, basadas en una mayor disciplina presupuestaria, para reducir el déficit público, y una mayor flexibilidad en la economía que contribuya a elevar la competitividad de las empresas.