Los dos sindicatos mayoritarios lamentan en un comunicado conjunto "ciertos factores de improvisación y retraso en la aplicación de medidas que hubiesen facilitado el acceso a diversos colectivos con mayores dificultades para justificar su inserción laboral, no por no tenerla, sino por graves deficiencias de nuestro sistema actual de empleo: tempoeros, venta ambulante o economía sumergida".

UGT y CCOO denuncian también "la ausencia y pasividad de la mayor parte de los representantes de la patronal a lo largo de todo el proceso, demostrando una gran incapacidad para informar a aquellos que dicen representar".

"Su inhibición en el afloramiento de los empresarios ilegales o en el de aquellos que han aprovechado el proceso para obtener beneficios económicos fraudulentos resulta muy preocupante", añaden ambas centrales.

Los sindicatos culan a la Ley de Extranjería de las condiciones de explotación y economía sumergida que se han producido, al tiempo que reclaman su sustitución "por una política solidaria de inmigración".

Una vez terminado este proceso, las organizaciones sindicales exigen que "se incremente especialmente la lucha eficaz contra las redes fraudulentas de introducción de trabajadores extranjeros, afinando esta labor precisamente en los casos en que se trate de autoridades, bien sean nacionales o de los países de origen".EMPRESARIOS DESAPRENSIVOS

Asimismo, CCOO y UGT piden que el Gobierno penalice "disuasoriamente la explotación de trabajadores irregulares y su mantenimiento en la ilegalidad por parte de empresarios desaprensivos".

Las centrales sindicales protestan también por "la total ausencia" de medidas de protección social a lo largo del proceso y exigen que "se establezcan inmediatamente programas integrales de atención a estos colectivos en todos los niveles: local, regional y estatal".

Por su part, el responsable de Política Internacional de la Presidencia de Izquierda Unida, Francisco Palero, calificó hoy de "irreal" la consideración por parte de la Administración de que el objetivo de integración ya está cumplido por el mero hecho de haber regularizado la situación de un grupo numeroso de inmigrantes.

"Es evidente", añadió, "que una gran parte del colectivo no ha podido acceder a los requisitos para legalizar su situación. El optimismo gubernamental condena, de hecho, a la ilegalidad más sanrante a todos aquellos que han quedado fuera del plazo, más aún cuando el Gobierno ha utilizado unos parámetros restrictivos a la hora de considerar las peticiones de regularización".

Palero consideró "indignantes" las declaraciones del director general de Política Interior, Fernando Puig de la Bellacasa, "al condenar genéricamente a un colectivo plural en un alarde de racismo institucional".

Por otro lado, Xavier Olivé, del CITE catalán, señaló hoy que el plazo de 6 meses "no es suficiente" y qu habría que ampliarlo "3 ó 4 meses más".